La crisis de Air-e vuelve a sacudir al sector energético del Caribe colombiano. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Vega y el exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Elmer Felipe Durán Carrón, por presuntas irregularidades relacionadas con la intervención estatal de la empresa. (infobae)
La actuación del Ministerio Público busca establecer si durante el proceso de intervención se presentaron omisiones, fallas en el seguimiento institucional o decisiones administrativas que pudieron contribuir al deterioro de las condiciones operativas y financieras de la compañía, responsable de prestar el servicio de energía en buena parte de la región Caribe.
La investigación también alcanza a otros agentes especiales que estuvieron al frente de la empresa durante los diferentes periodos de intervención. Entre ellos figuran Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, de acuerdo con información conocida sobre el expediente.
Una intervención que no logró sacar a Air-e de la crisis
La intervención forzosa administrativa de Air-e comenzó el 11 de septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos asumió el control de la compañía y designó un agente especial con la misión de estabilizar su operación, recuperar sus finanzas y garantizar la prestación del servicio.
Sin embargo, casi dos años después, la empresa continúa enfrentando dificultades que han generado preocupación entre usuarios, autoridades y sectores productivos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Precisamente, la Procuraduría busca establecer qué ocurrió durante los distintos periodos de intervención y si las decisiones tomadas por los funcionarios responsables fueron suficientes para enfrentar la situación.
Según información relacionada con el expediente, el organismo de control identificó un posible patrón de omisiones continuadas y progresivamente agravadas durante los diferentes periodos de administración estatal.
Las cifras que prendieron las alarmas
Uno de los elementos que aparece en la investigación está relacionado con el deterioro financiero de Air-e durante el periodo de intervención.
De acuerdo con información publicada sobre el expediente, la deuda posterior a la toma de posesión habría pasado de aproximadamente $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones en diciembre del mismo año.
El documento también menciona un deterioro del indicador de pérdidas de energía y el paso del patrimonio neto de positivo a negativo durante la administración directa del Estado.
Estos elementos serán objeto de análisis por parte de la Procuraduría para determinar si existieron responsabilidades disciplinarias.
Palma estuvo al frente de la intervención
Edwin Palma tuvo un papel central durante una etapa de la intervención de Air-e, pues fue designado como agente especial interventor de la empresa.
La Procuraduría ahora deberá determinar si, en su condición de particular que ejercía funciones públicas, cumplió con las obligaciones que tenía a su cargo y si las decisiones adoptadas durante su administración se ajustaron a las normas.
El proceso también revisará las actuaciones de los demás agentes interventores y del entonces superintendente de Servicios Públicos.
Entre los aspectos que han generado cuestionamientos aparecen el seguimiento a la empresa, los reportes regulatorios, el manejo de recursos y la ausencia de una solución empresarial estructurada para superar la crisis.
Contratos, recursos y decisiones bajo revisión
La investigación adquiere mayor relevancia porque la gestión de Air-e durante la intervención ya había sido objeto de cuestionamientos públicos.
Investigaciones periodísticas habían puesto bajo la lupa decisiones relacionadas con contratación, manejo de recursos, cuentas reservadas y compras realizadas durante la administración estatal.
Estos antecedentes hacen parte del contexto que ahora deberá revisar formalmente el Ministerio Público.
La Procuraduría tendrá que establecer si las decisiones cuestionadas constituyeron faltas disciplinarias y, de ser así, quiénes serían los responsables.
¿Qué significa la investigación para Edwin Palma?
La apertura del proceso no significa que Edwin Palma haya sido declarado responsable de las presuntas irregularidades.
La investigación disciplinaria es una etapa en la que la Procuraduría recopilará pruebas, verificará documentos, revisará decisiones administrativas y escuchará a los involucrados antes de determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual formulación de cargos.
Palma y los demás funcionarios investigados tendrán derecho a ejercer su defensa y controvertir las pruebas que sean incorporadas al expediente.
Por ahora, el proceso vuelve a colocar la administración de Air-e durante la intervención estatal en el centro de la discusión nacional y regional.
La gran pregunta que deberá resolver la Procuraduría es si las decisiones adoptadas durante el control estatal contribuyeron a solucionar la crisis de la compañía o, por el contrario, permitieron que los problemas financieros y operativos de Air-e se agravaran mientras millones de usuarios del Caribe continuaban enfrentando dificultades con el servicio de energía.
