La disputa por el control de Comfenalco Antioquia escaló a un nuevo escenario luego de que la ministra de Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar (e), Natalia López, anunciara que llevará ante la Fiscalía General de la Nación una serie de presuntas irregularidades detectadas al interior de la caja de compensación.
La funcionaria cuestionó lo que calificó como una estructura de intereses políticos alrededor de la entidad y aseguró que su despacho actuará para proteger los recursos destinados a los trabajadores y sus familias.
López se refirió directamente a una supuesta “telaraña azul” que, según sus declaraciones, tendría cercanía con sectores vinculados al Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La ministra advirtió que la administración de Comfenalco Antioquia no puede quedar sometida a intereses políticos o particulares.
“Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, manifestó la funcionaria.
El anuncio de la denuncia penal abre un nuevo capítulo en la controversia que rodea a una de las principales cajas de compensación familiar de Antioquia, particularmente por las acusaciones relacionadas con posibles intereses políticos en la toma de decisiones y el manejo de los recursos de la entidad.
La intervención del Ministerio de Trabajo también pone bajo la lupa el funcionamiento administrativo de la caja y las actuaciones de quienes han tenido responsabilidades en su dirección. La Superintendencia del Subsidio Familiar, en su condición de entidad encargada de ejercer vigilancia sobre las cajas de compensación, tendrá un papel determinante en el esclarecimiento de las situaciones denunciadas.
La ministra sostuvo que el propósito de su actuación no es permitir que una corriente política sustituya a otra en el manejo de la entidad, sino garantizar que Comfenalco Antioquia cumpla con su función social y que los recursos sean administrados conforme a la ley.
La denuncia será puesta en conocimiento de la Fiscalía, que deberá establecer si los hechos señalados por la funcionaria tienen relevancia penal, determinar qué conductas pudieron haberse cometido y establecer las eventuales responsabilidades individuales.
El caso podría generar nuevas actuaciones administrativas y judiciales en los próximos días, mientras se conocen mayores detalles sobre las presuntas irregularidades que serán incorporadas a la denuncia.
Comfenalco Antioquia administra recursos destinados a programas y servicios para trabajadores afiliados y sus familias, por lo que cualquier eventual irregularidad en su manejo tendría implicaciones que trascienden la disputa política y podrían afectar directamente los intereses de sus beneficiarios.
La ministra López insistió en que la prioridad será preservar el patrimonio de la caja y evitar que intereses externos terminen condicionando su administración.
Con la eventual llegada del caso a la Fiscalía, la controversia por el control de Comfenalco Antioquia deja de ser exclusivamente administrativa y política y entra ahora en el terreno de una investigación que deberá determinar, con pruebas, si existieron actuaciones contrarias a la ley y quiénes serían responsables de ellas.