El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) registró uno de sus primeros movimientos de alto nivel tras la llegada del nuevo Gobierno. El coronel Rolando Antonio Ramírez dejó la Dirección de Custodia y Vigilancia de la entidad, en un cambio que genera especial atención por su relación con una de las decisiones más controvertidas adoptadas por el organismo en la anterior administración.
Ramírez habría sido el funcionario encargado de suscribir la resolución que autorizó el traslado temporal de nueve personas privadas de la libertad desde un establecimiento penitenciario hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, con el propósito de que participaran en un acto público de Gobierno que posteriormente fue conocido como el ‘tarimazo’.
La salida del oficial también resulta relevante porque era considerado cercano al director general del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, quien recientemente fue ratificado al frente de la institución por el nuevo Gobierno.
La resolución que puso al Inpec bajo la lupa
El episodio se remonta al 19 de junio de 2025, cuando el entonces director de Custodia y Vigilancia, coronel Rolando Antonio Ramírez, firmó la resolución 0005208.
Mediante ese acto administrativo se autorizó el traslado de nueve privados de la libertad desde la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hasta la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
La medida tenía como propósito permitir la participación de los internos en una actividad programada para el 21 de junio de ese año, relacionada con los acercamientos de la denominada Estrategia de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
El encuentro generó controversia debido a que entre las personas trasladadas se encontraban integrantes reconocidos de estructuras criminales que permanecían privados de la libertad.
El proceso de acercamiento estaba relacionado con gestiones impulsadas en Medellín por sectores del Gobierno y por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
¿Quiénes fueron trasladados?
Entre los privados de la libertad trasladados para el evento figuraban personas identificadas con los alias de Juan 23, Tom, Pesebre, Saya, Calambre y Douglas, además de Walter Román y Dayron Muñoz.
La presencia de estos reclusos fuera del establecimiento penitenciario y en un escenario público provocó cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos, las condiciones de seguridad y las razones que sustentaron la autorización.
La controversia no estuvo relacionada únicamente con el traslado, sino también con el hecho de que personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales pudieran participar en una actividad de carácter público mientras permanecían bajo custodia del Estado.
Un cambio que genera preguntas
La salida de Ramírez de la Dirección de Custodia y Vigilancia constituye el primer cambio de alto nivel conocido dentro del Inpec tras el inicio del nuevo Gobierno.
El movimiento adquiere mayor relevancia por los antecedentes del oficial y su cercanía con el coronel Daniel Gutiérrez, quien continúa como director general de la institución.
Hasta el momento, el relevo de Ramírez no significa, por sí mismo, que exista una decisión disciplinaria o judicial en su contra. Tampoco permite establecer que su salida esté directamente relacionada con la resolución del ‘tarimazo’, salvo que las autoridades competentes así lo determinen.
La precisión resulta importante porque un cambio administrativo dentro de una entidad pública no constituye automáticamente una sanción ni una declaración de responsabilidad.
El Inpec vuelve al centro de la discusión
La decisión se produce en un momento en el que el sistema penitenciario colombiano enfrenta una especial atención por el manejo de internos considerados de alta peligrosidad y por las medidas adoptadas para evitar que estructuras criminales continúen ejerciendo influencia desde las cárceles.
Precisamente, uno de los principales retos del nuevo Gobierno está relacionado con el control efectivo de los establecimientos penitenciarios y con la necesidad de impedir que los privados de la libertad puedan mantener comunicación o impartir órdenes a integrantes de organizaciones criminales que permanecen en las calles.
En ese contexto, la salida de Ramírez vuelve a poner sobre la mesa la resolución que permitió el traslado de los nueve internos y las circunstancias que rodearon su participación en el denominado ‘tarimazo’.
Por ahora, el relevo representa un movimiento administrativo dentro de la estructura del Inpec. Será necesario conocer las razones oficiales del cambio y determinar si las autoridades adelantan alguna actuación disciplinaria, fiscal o penal relacionada con las decisiones adoptadas en torno a aquel traslado.
El nuevo Gobierno deberá definir ahora quién asumirá la Dirección de Custodia y Vigilancia y qué lineamientos aplicará frente al manejo de los internos de mayor peligrosidad, especialmente en lo relacionado con traslados, permisos, desplazamientos y eventuales contactos con actores externos.
El caso vuelve a poner en el debate público una pregunta de fondo: hasta dónde pueden llegar las decisiones administrativas para facilitar procesos de diálogo o construcción de paz sin comprometer la seguridad penitenciaria ni el control que el Estado debe mantener sobre las personas privadas de la libertad.