El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció que presentará ante el Congreso de la República un nuevo estatuto antiterrorista con el que busca fortalecer las herramientas jurídicas del Estado para enfrentar a organizaciones criminales señaladas de estar detrás de acciones violentas y ataques contra la población.
La iniciativa fue revelada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que el proyecto se encuentra en proceso de elaboración y deberá surtir el trámite correspondiente ante el Legislativo antes de convertirse en ley.
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales objetivos será establecer una definición jurídica más precisa de lo que se considera una organización terrorista y crear un mecanismo para incluir a determinados grupos en una lista oficial, siempre bajo procedimientos que garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa.
El anuncio se produce en medio de la preocupación del Gobierno por diferentes hechos violentos registrados en el país y, particularmente, por la situación de orden público relacionada con los incendios forestales que han afectado varios municipios del Tolima.
Lara aseguró que las autoridades han identificado patrones que podrían indicar que algunos de estos incendios no serían accidentales, sino que habrían sido provocados de manera deliberada.
El ministro señaló que, durante un sobrevuelo realizado junto al director nacional de la Policía y después de reuniones con alcaldes de las zonas afectadas, fueron identificados elementos que despertaron la preocupación de las autoridades.
Uno de los aspectos bajo investigación es el posible uso de acelerantes para facilitar la propagación de las llamas. Según Lara, la Dirección Nacional de Bomberos habría encontrado indicios técnicos relacionados con la utilización de combustibles u otras sustancias para intensificar los incendios.
“Nos confirma el uso de acelerantes”, afirmó el ministro al referirse a la información entregada por los organismos encargados de analizar las emergencias.
El Gobierno busca determinar si detrás de algunos de estos hechos existe una acción coordinada de estructuras criminales con el propósito de generar afectaciones a la población, comprometer la infraestructura y poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.
En ese contexto, el nuevo estatuto antiterrorista sería una de las herramientas con las que la administración De La Espriella pretende ampliar la capacidad del Estado para perseguir organizaciones que desarrollen actividades consideradas terroristas.
Sin embargo, el ministro recalcó que cualquier mecanismo de inclusión de organizaciones en una eventual lista deberá estar acompañado de garantías jurídicas para evitar actuaciones arbitrarias y asegurar el respeto por los derechos fundamentales.
La propuesta deberá ser presentada formalmente al Congreso, donde será debatida por los partidos y bancadas antes de definir su eventual aprobación.
Mientras avanza la elaboración del proyecto, las autoridades mantienen las investigaciones sobre los incendios registrados en el Tolima y otros hechos que podrían estar relacionados con acciones deliberadas de grupos armados o estructuras criminales.
El Gobierno sostiene que la nueva legislación busca darle al Estado mayores capacidades para anticiparse a este tipo de amenazas y enfrentar de manera más contundente a las organizaciones que pretendan utilizar la violencia para afectar la seguridad y el orden público en Colombia.