La Fiscalía General de la Nación imputará este martes 25 de agosto a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La audiencia se realizará ante un juez de control de garantías y también cobijará a Álvaro Alonso Villada García, quien fue subdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, hijo del dirigente político William Ortega Rojas; y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad y posteriormente secretaria de Medio Ambiente de Medellín.
La diligencia había sido aplazada y finalmente fue programada para este martes. Con estas cuatro nuevas imputaciones, el número de personas vinculadas formalmente a investigaciones por presunta corrupción relacionadas con la administración de Daniel Quintero llegaría a 59.
Uno de los momentos centrales de la audiencia será la solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía anunció que pedirá cárcel para Miguel Quintero y Álvaro Villada, mientras que hasta el momento no se ha informado que solicite la misma medida contra los otros dos procesados.
Será durante la diligencia cuando el ente acusador detalle los delitos que atribuye a cada investigado, presente los elementos materiales probatorios y explique las razones por las cuales considera necesaria una medida restrictiva de la libertad.
Un expediente de contratos por $18.656 millones
La investigación se concentra en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Los negocios jurídicos, cuyo valor conjunto se aproxima a los $18.656 millones, estaban relacionados con gestión del riesgo, atención de emergencias, incendios, emergencias ambientales y fortalecimiento de las capacidades operativas.
Según la hipótesis que la Fiscalía ha presentado durante anteriores audiencias, el supuesto esquema habría permitido una apropiación cercana a los $2.481 millones.
El organismo investigador ha puesto bajo la lupa la modalidad de contratación, la ejecución de los recursos, posibles sobrecostos y documentos utilizados como soporte de determinados gastos.
Miguel Quintero ya había sido mencionado
Aunque la audiencia de este martes representa la primera imputación formal contra Miguel Quintero dentro de este expediente, su nombre ya había aparecido en actuaciones judiciales anteriores.
Durante el proceso contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana, la Fiscalía hizo referencia a la posible intervención de personas externas a la estructura formal de la entidad en decisiones relacionadas con contratación y nombramientos.
También se expusieron elementos relacionados con la hipótesis sobre el destino de recursos provenientes de los contratos con Bomberos de Itagüí.
No obstante, la mención de nombres dentro de las investigaciones anteriores no equivale a una declaración de responsabilidad penal. La Fiscalía deberá sustentar formalmente sus señalamientos durante la audiencia.
Un condenado decidió colaborar
El caso ya tiene un condenado. Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Cardona recibió una condena de 19 meses de prisión después de que un juzgado avalara un preacuerdo con la Fiscalía. El procesado aceptó responsabilidad por falsedades en documentos privados relacionadas con 15 documentos utilizados como soportes durante la ejecución contractual.
Posteriormente, comenzó a colaborar con las autoridades y entregó información sobre el presunto funcionamiento del esquema investigado.
Otros involucrados también han recurrido a mecanismos de colaboración. Entre ellos están María Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, quienes solicitaron principios de oportunidad.
Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, también ha colaborado con la investigación. Inicialmente recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y posteriormente pasó a detención domiciliaria.
Según la información conocida del proceso, Cadavid permanece bajo un programa de protección a testigos mientras continúa aportando información a las autoridades.
La audiencia de este 25 de agosto permitirá conocer los cargos que serán formulados contra Miguel Quintero y los demás investigados, así como los argumentos de la Fiscalía para solicitar que Quintero y Villada sean enviados a un centro carcelario.
Por ahora, los señalamientos corresponden a una investigación en curso y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los procesados.