El presidente Abelardo De La Espriella anunció una operación penitenciaria que pone nuevamente el foco sobre el control de las cárceles en Barranquilla y la capacidad de las organizaciones criminales para mantener su influencia pese a que sus integrantes se encuentran privados de la libertad.
Por decisión directa del mandatario, 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla serán trasladadas inicialmente a establecimientos penitenciarios de Bogotá, bajo un dispositivo especial de seguridad.
“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, aseguró De La Espriella al revelar la operación.
De acuerdo con la información entregada por el jefe de Estado, 10 de los internos permanecían en estaciones de Policía y otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.
El movimiento busca modificar las condiciones de reclusión de personas consideradas de especial interés para las autoridades y evitar que continúen teniendo capacidad de influencia sobre estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.
Entre los trasladados aparecen varios hombres señalados de tener vínculos con organizaciones como Los Pepes y Los Costeños.
En el listado divulgado por el presidente figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’; Erick Fabián Molina Mendoza; Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’, entre otros.
Un traslado que tendrá varias etapas
El operativo no terminará con la llegada de los internos a Bogotá.
Según explicó De La Espriella, una vez estén en la capital, durante los siguientes 15 días serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país.
La asignación de cada interno dependerá de las condiciones y evaluaciones de seguridad que realice el INPEC.
Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles.
Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla.…
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 25, 2026
Los desplazamientos se ejecutan con medidas de seguridad reforzadas y con apoyo de la Fuerza Pública, debido al riesgo de posibles intentos de fuga, rescate o ataques contra los vehículos y funcionarios encargados del procedimiento.
El Gobierno busca cortar el mando criminal desde las cárceles
La decisión se conoce mientras el Gobierno mantiene una ofensiva contra las estructuras que utilizan diferentes mecanismos para continuar coordinando actividades ilegales desde los centros de reclusión.
Uno de los principales problemas que intenta enfrentar la administración es el uso de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no autorizados dentro de las cárceles.
La preocupación oficial es que los internos puedan mantener contacto con integrantes de sus organizaciones en libertad y utilizar esa comunicación para impartir órdenes, coordinar extorsiones o mantener el control de actividades criminales.
En ese escenario, el traslado de los 20 internos representa una nueva apuesta para reducir su capacidad de influencia.
“Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”, sentenció el presidente.
De La Espriella insistió además en que el control de los establecimientos penitenciarios debe estar exclusivamente en manos del Estado.
“Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”, afirmó.
La pregunta que queda sobre la mesa
La operación plantea ahora un desafío para las autoridades: determinar si la dispersión de estos internos será suficiente para impedir que continúen ejerciendo influencia sobre las estructuras criminales desde prisión.
El Gobierno apuesta por una política de mayor control penitenciario, restricciones a las comunicaciones ilegales y traslado de internos considerados de alto riesgo.
Mientras tanto, la expectativa está puesta en los resultados de la operación y en las nuevas decisiones que pueda adoptar el INPEC frente a otros internos señalados de mantener vínculos con organizaciones criminales.
El mensaje presidencial fue directo: el Gobierno pretende cerrar los espacios que, según sus denuncias, han permitido que algunos delincuentes continúen operando incluso estando privados de la libertad.