La operación militar permitió afectar las capacidades de una estructura del Clan del Golfo, con la captura de alias Laura, señalado como presunto cabecilla del componente criminal focalizado (CCF), y alias Samuel, quien sería cabecilla de finanzas de zona de la Subestructura David Meza Peña.
Como parte del resultado operacional informado previamente, tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón, de la Segunda Brigada, lograron la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo.
En el desarrollo de las actuaciones judiciales y la recopilación de información relacionada con este resultado, se establecieron nuevos elementos sobre la trayectoria y el presunto accionar delictivo de los capturados.
Entre los detenidos se encuentra alias Laura, quien sería presuntamente cabecilla del componente criminal focalizado (CCF) del Clan del Golfo y, de acuerdo con la información recopilada, habría desarrollado diferentes roles dentro de estructuras armadas ilegales durante varios años. Así mismo, fue capturado alias Samuel, quien sería presuntamente cabecilla de finanzas de zona de la Subestructura David Meza Peña, encargado, al parecer, de actividades relacionadas con la obtención de recursos para el sostenimiento de la organización criminal.
De acuerdo con la información recopilada, alias Laura, quien también habría utilizado los alias de Maicol, Lucho y Job, tendría una amplia trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales y habría desempeñado diferentes roles en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar.
Según información de inteligencia, habría pertenecido a estructuras de las antiguas autodefensas desde comienzos de la década del 2000, con presencia en diferentes municipios del departamento del Magdalena. Posteriormente, habría integrado el Clan del Golfo, dentro del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca y la Subestructura David Meza Peña, donde habría pasado de desempeñarse como «primero de zona» en Algarrobo a ocupar, presuntamente, posiciones como cabecilla militar de la Subestructura David Meza Peña y, posteriormente, del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca.
La información recopilada también da cuenta de antecedentes judiciales. En 2007 habría sido condenado a 16 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, relacionados con hechos ocurridos en 2004. Posteriormente, fue postulado al proceso de Justicia y Paz; sin embargo, en 2024, debido a incumplimientos relacionados con las obligaciones derivadas de dicho régimen, fueron revocadas las medidas que lo beneficiaban, se ordenó su captura y luego fue excluido del proceso, con la consecuente pérdida de los beneficios correspondientes.
En su etapa más reciente, alias Laura habría desarrollado actividades relacionadas con control territorial, vigilancia rural y extorsión, principalmente en sectores rurales de Algarrobo, Magdalena, dentro del área de influencia de la Subestructura David Meza Peña.
De manera complementaria, información de la Fiscalía General de la Nación registra una investigación activa relacionada con hechos ocurridos en Sabanalarga, Atlántico, en la que se investigan, entre otras conductas, concierto para delinquir, amenazas, desplazamiento forzado, explotación ilícita de yacimiento minero, extorsión, tráfico y porte de armas, homicidio, reclutamiento ilícito, terrorismo y tráfico de estupefacientes. El proceso registra diferentes actuaciones investigativas durante 2026 y un escrito de acusación directo del 20 de mayo de 2026.
Este resultado operacional representa una afectación a las capacidades del Clan del Golfo en el territorio, particularmente frente a sus estructuras de mando y finanzas, y a las actividades ilícitas que venían desarrollando en zonas rurales del departamento del Magdalena. Así mismo, reafirma el compromiso de la Segunda Brigada de continuar desarrollando operaciones militares orientadas a contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y proteger a las comunidades y sectores económicos de la región.
Finalmente, tras las audiencias correspondientes, un juez de la República legalizó las capturas. Los procesados continuarán vinculados al proceso judicial y quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las actuaciones correspondientes, conforme a la ley y bajo el principio de presunción de inocencia.