La violencia que golpea al Atlántico volvió a quedar bajo la lupa. El Proceso Social de Garantías del Atlántico, integrado por 23 organizaciones defensoras de los derechos humanos, advirtió sobre el aumento de hechos violentos y reveló que durante 2026 se han registrado ocho masacres con 27 personas asesinadas.
Según el reporte entregado por las organizaciones, los hechos ocurrieron entre el 14 de febrero y el 20 de agosto de 2026 y se distribuyeron de la siguiente manera: tres masacres en Barranquilla, tres en Soledad, una en Ponedera y una en Sabanalarga.
Para el colectivo, la repetición de estos ataques no puede ser interpretada como una sucesión de hechos aislados, debido al impacto que generan sobre la población y al temor que se extiende en los territorios afectados.
Las organizaciones señalaron que diferentes investigaciones han relacionado este tipo de hechos con disputas entre estructuras criminales por el control territorial y las rentas derivadas de economías ilegales. Sin embargo, insistieron en que corresponde a las autoridades establecer las causas y responsabilidades en cada caso.
Las Nieves, el caso más reciente
El episodio más reciente ocurrió la noche del 20 de agosto, en el parque del barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla.
En ese ataque fueron asesinados Erick Eduardo Cervantes Buitrago, Daniel Sebastián Borrero García y Daddys David Barrios Ospino, convirtiéndose en el octavo caso incluido por las organizaciones en su balance de masacres durante este año.
Precisamente este caso también generó cuestionamientos por el manejo inicial de la investigación. Dos adolescentes fueron detenidos inicialmente como presuntos responsables, pero posteriormente quedaron en libertad.
El Proceso Social de Garantías pidió que las autoridades avancen en la investigación con rigor y eviten capturas que posteriormente puedan quedar sin sustento.
“No basta con reaccionar después de los asesinatos”, plantearon las organizaciones, que reclamaron acciones preventivas para identificar los territorios y comunidades que presentan mayores niveles de riesgo.
Piden respuestas más allá de las capturas
El colectivo solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas extraordinarias de prevención y protección para las comunidades del Atlántico.
Entre sus principales solicitudes está el fortalecimiento de la presencia institucional, una mayor coordinación entre las autoridades y el desarrollo de investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de los homicidios.
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, la respuesta estatal no puede limitarse a reaccionar después de que ocurran los ataques. Consideran necesario anticiparse a las dinámicas criminales y avanzar en estrategias que permitan desarticular las estructuras que estarían detrás de la violencia.
La preocupación también está relacionada con el impacto que estos hechos generan en las comunidades. El colectivo sostuvo que cada asesinato representa la pérdida de una vida, pero también afecta directamente a familias y entornos sociales enteros.
“El Atlántico no puede acostumbrarse a la violencia ni normalizar las masacres como parte de la vida cotidiana”, advirtieron.
El llamado queda ahora en manos de las autoridades, que deberán responder no solo con operativos y capturas, sino con resultados concretos en materia de prevención, esclarecimiento judicial y desmantelamiento de las estructuras criminales que estarían detrás de algunos de los hechos más graves registrados este año en el departamento.