El presidente Abelardo De la Espriella ordenó poner en marcha una ofensiva nacional contra el robo de combustibles y crudo, delito que, según el Gobierno, estaría generando millonarias pérdidas económicas y fortaleciendo las finanzas de estructuras criminales.
La alerta se concentra especialmente en la infraestructura de transporte de hidrocarburos, donde las autoridades han identificado puntos utilizados para la extracción ilegal de productos derivados del petróleo.
De acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario, cerca de 123.700 barriles mensuales de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, estarían siendo sustraídos ilegalmente de un poliducto de 14 pulgadas que comunica a Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.
La dimensión del presunto robo encendió las alarmas del Gobierno, debido a que el combustible extraído ilegalmente no solo representa pérdidas para el sector energético, sino que también puede convertirse en una fuente de financiación para organizaciones criminales dedicadas al contrabando y otras actividades ilícitas.
Los principales focos de esta problemática estarían ubicados en los departamentos de Magdalena y Cesar, territorios por donde atraviesa parte de la infraestructura utilizada para transportar los combustibles hacia diferentes regiones del país.
Ante este panorama, De la Espriella ordenó reforzar las operaciones de la Fuerza Pública y la coordinación entre las autoridades encargadas de proteger la infraestructura energética, con el objetivo de detectar las conexiones clandestinas, identificar a los responsables y evitar que continúe la extracción ilegal.
La estrategia también busca proteger los corredores de transporte de hidrocarburos y evitar que las estructuras criminales conviertan la infraestructura energética en una fuente permanente de ingresos.
El Gobierno anunció que la ofensiva tendrá alcance nacional y estará enfocada en los puntos donde se concentre el robo de combustibles y crudo, con especial atención a las zonas que ya han sido identificadas como críticas.
La orden presidencial se suma a las medidas de seguridad que la administración de De la Espriella viene anunciando contra las economías ilegales, en un intento por golpear directamente las fuentes de financiación de las organizaciones criminales.
El reto para las autoridades será establecer la magnitud real del fenómeno, desmantelar las redes que participan en la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos y garantizar la seguridad de una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento energético del país.