El coronel activo Carlos Didier Pérez Amorocho fue capturado en Bogotá por orden judicial, en medio de una investigación que busca establecer sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales que operan en Arauca y Nariño.
La captura se produjo en el Cantón Norte de Bogotá, donde además se realizó un registro y allanamiento a la vivienda del oficial. El procedimiento fue adelantado de manera coordinada por el Ejército Nacional, la Fiscalía 20 de la Unidad Especializada de Investigación y el Gaula Militar de Arauca.
De acuerdo con la información conocida hasta ahora, la investigación de contrainteligencia busca determinar si Pérez Amorocho habría mantenido contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, con presencia en Arauca, y con estructuras relacionadas con la Segunda Marquetalia en Nariño.
Los hechos bajo investigación estarían relacionados con dos periodos de su trayectoria militar: entre 2019 y 2020, cuando estuvo al frente del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, y entre 2024 y 2025, cuando estuvo vinculado a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2.
La hipótesis de los investigadores apunta a que el oficial habría recibido presuntamente dinero de organizaciones armadas ilegales a cambio de actuaciones que pudieron favorecer sus intereses. Entre las conductas que se buscan esclarecer también están posibles entregas de información o actuaciones desde posiciones de mando que hubieran beneficiado a estas estructuras.
El coronel es requerido por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además de explosivos.
La captura representa un golpe especialmente sensible para la institucionalidad militar, debido a que se trata de un oficial superior activo y a que las acusaciones están relacionadas con posibles conexiones con estructuras armadas que operan en zonas estratégicas del país. Sin embargo, los señalamientos hacen parte de una investigación y deberán ser sustentados ante las autoridades judiciales.
El Ejército Nacional confirmó la diligencia y señaló que facilitó las condiciones necesarias para que las autoridades ejecutaran la orden judicial. La institución también reiteró que respeta el debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.
Ahora será la Fiscalía y los jueces competentes quienes deberán establecer qué tipo de relación habría tenido el coronel Pérez Amorocho con las organizaciones investigadas, si existieron pagos o actuaciones irregulares y cuál sería su eventual responsabilidad penal. Por el momento, la captura no constituye una condena.