La investigación por la muerte del menor Kevin Arley Acosta vuelve a poner en el centro de la discusión al expresidente Gustavo Petro. La representación de las víctimas solicitó al Congreso que no autorice su salida de Colombia mientras avanzan las actuaciones judiciales y políticas relacionadas con el caso.
La petición fue presentada por el abogado Manuel Villanueva, quien representa a la familia del menor. El jurista acudió ante el presidente del Congreso y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para solicitar que se reconsidere la autorización de salida del país concedida al exmandatario.
La solicitud llega pocos días antes de una audiencia considerada clave dentro del proceso. El próximo lunes 24 de agosto, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a cuatro personas por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la atención que recibió Kevin, quien padecía hemofilia.
Los investigados son Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La Fiscalía les imputará el delito de homicidio culposo, mientras continúa recopilando elementos para determinar qué ocurrió durante la atención médica del menor y si determinadas actuaciones u omisiones pudieron contribuir a su fallecimiento.
Para Villanueva, que la Fiscalía haya llegado a esta etapa representa un avance importante para las víctimas.
El abogado también confirmó que la Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se estudie una eventual responsabilidad del expresidente Petro.
Según la representación de la familia, esa actuación busca establecer si existen elementos para examinar la conducta del entonces mandatario frente a las circunstancias que rodearon el caso.
Uno de los puntos que genera controversia está relacionado con la información médica del menor. La defensa de las víctimas cuestiona el manejo y la presunta divulgación de datos de su historia clínica y sostiene que este aspecto también debe ser esclarecido por las autoridades.
El abogado, además, ha planteado cuestionamientos sobre las condiciones del sistema de salud durante el Gobierno Petro y la capacidad de las entidades para garantizar tratamientos de alta complejidad.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a la posición de la representación de las víctimas y cualquier eventual responsabilidad penal o disciplinaria de Petro deberá ser determinada por las autoridades competentes.
La discusión ahora se concentra también en el eventual viaje del expresidente.
Para Villanueva, permitir que Petro abandone Colombia mientras avanzan las investigaciones podría generar dificultades para garantizar los derechos de la familia de Kevin, particularmente frente a la búsqueda de verdad y justicia.
Por esa razón, la representación de las víctimas anunció que insistirá ante el Congreso y, si es necesario, acudirá a instancias judiciales para intentar impedir la salida del exmandatario.
El abogado incluso señaló que podría recurrir a una acción de tutela si considera que es necesario para proteger los derechos de la familia.
El caso entra así en una etapa decisiva. La audiencia de imputación permitirá conocer oficialmente los elementos que tiene la Fiscalía contra los cuatro funcionarios y podría aportar nuevas pistas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin.
Al mismo tiempo, la actuación remitida a la Comisión de Acusación mantiene abierta la posibilidad de que el nombre de Gustavo Petro continúe vinculado a la investigación desde el ámbito institucional.
La gran incógnita será determinar si las autoridades encuentran elementos suficientes para establecer responsabilidades más allá de los funcionarios que serán imputados y si la solicitud de las víctimas tendrá algún efecto sobre la autorización de viaje del expresidente.
¿Podrá Gustavo Petro salir del país mientras la Comisión de Acusación analiza su eventual responsabilidad en el caso Kevin Acosta?
¿La audiencia del 24 de agosto revelará nuevas responsabilidades por la muerte del menor y pondrá en evidencia posibles fallas en su atención médica?