El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó un diagnóstico sobre la situación de seguridad del país en el que advierte un preocupante crecimiento de los principales grupos armados ilegales durante los últimos cuatro años.
Según el informe elaborado por el Ministerio de Defensa, las estructuras criminales no solo aumentaron el número de integrantes, sino que también ampliaron su presencia territorial, mientras la Fuerza Pública habría enfrentado un deterioro en algunas de sus capacidades operacionales.
Las cifras muestran que, en conjunto, los principales grupos armados analizados pasaron de cerca de 14.800 integrantes en 2022 a aproximadamente 21.300 en 2025, lo que representa un incremento de alrededor de 6.500 personas.
Uno de los casos que más preocupa al Gobierno es el Clan del Golfo. De acuerdo con el diagnóstico, esta organización pasó de unos 5.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025.
Su expansión también habría sido territorial. El documento, que cita información de la Fundación Ideas para la Paz, señala que el grupo pasó de tener presencia en aproximadamente 145 municipios a cerca de 310.
También crecen el ELN y el Estado Mayor Central
El informe señala que el ELN también registró un aumento en sus filas. La organización habría pasado de aproximadamente 5.800 integrantes en 2022 a 6.800 en 2025.
Por su parte, el Estado Mayor Central pasó de unos 3.500 integrantes a cerca de 4.500 durante el mismo periodo.
Para el Ministerio de Defensa, estas cifras evidencian una expansión de las estructuras armadas ilegales y representan uno de los principales desafíos de seguridad que deberá enfrentar la nueva administración.
Aumenta el reclutamiento de menores
El diagnóstico también expone cifras relacionadas con el impacto de la violencia sobre las comunidades.
Según datos de la Defensoría del Pueblo citados por el Ministerio de Defensa, los casos de reclutamiento de menores aumentaron de 151 a 386 durante el periodo analizado.
El confinamiento de población también presentó un fuerte incremento: pasó de 62.380 personas a 128.825.
A esto se suma el asesinato de aproximadamente 737 líderes sociales durante el cuatrienio y un aumento de los ataques contra infraestructura y bienes civiles, que pasaron de 70 casos en 2022 a 160 en 2025.
El reto para el nuevo Gobierno
El balance, firmado por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, plantea que el crecimiento de las organizaciones ilegales coincidió con un periodo de debilitamiento de algunas capacidades de la Fuerza Pública.
Ante este escenario, el Gobierno De La Espriella plantea como una de sus prioridades recuperar la capacidad operacional de las Fuerzas Militares y la Policía, además de fortalecer la presencia efectiva del Estado en las zonas donde las estructuras armadas han ganado mayor influencia.
El diagnóstico deja sobre la mesa un escenario complejo: grupos ilegales con más integrantes, mayor presencia territorial y comunidades expuestas a fenómenos como el reclutamiento de menores y el confinamiento.
La nueva administración tendrá ahora el desafío de convertir estas cifras en una estrategia de seguridad que permita recuperar el control territorial y reducir la capacidad de expansión de las organizaciones armadas.