Los audios atribuidos a la colomboespañola Eva Ferrer volvieron a poner en el centro del debate las cuentas, contrataciones y relaciones que rodearon la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Ferrer entregó su versión sobre las conversaciones reveladas por la revista Semana y aseguró que buena parte de lo mencionado en esos registros correspondía a información que recibía de terceros y no a actuaciones en las que ella hubiera participado directamente.
“Yo todo lo que hablo son cosas que me cuentan”, afirmó Ferrer, quien sostuvo además que cuando determinados asuntos estuvieron cerca de ella decidió apartarse porque no eran de su interés.
La controversia surge por el contenido de varios audios en los que Ferrer se refiere a presuntas irregularidades relacionadas con contratación, nombramientos y recursos que, según lo planteado en las conversaciones, no habrían sido reportados durante la campaña presidencial de 2022.
Sin embargo, hasta ahora, el contenido de los audios y las afirmaciones realizadas por Ferrer deben ser entendidos como señalamientos que requieren verificación por parte de las autoridades competentes. La existencia de una conversación o una afirmación en un audio no demuestra por sí misma que los hechos denunciados hayan ocurrido ni determina responsabilidades penales o administrativas.
Uno de los principales nombres que aparece en la controversia es el de Verónica Alcocer, esposa del entonces candidato presidencial y posteriormente primera dama de Colombia.
En los audios, Ferrer habla de una supuesta “banda de criminales” que, según su relato, estaría integrada por funcionarios y personas cercanas a Alcocer y que tendría como propósito atender sus intereses. Estas afirmaciones han generado cuestionamientos políticos, pero no constituyen por sí mismas una prueba de la existencia de una estructura criminal.
El origen del conflicto estaría relacionado, además, con una reclamación económica de Ferrer. De acuerdo con documentos conocidos por Caracol Radio, la ciudadana española sostiene que trabajó para Alcocer entre noviembre de 2021 y septiembre de 2022, en labores de consultoría relacionadas con manejo de medios y posicionamiento durante la precampaña y posteriormente durante la campaña presidencial.
Ferrer asegura que quedaron pendientes cuatro meses de honorarios, calculados en 12.000 euros mensuales, además de 14 millones de pesos mensuales destinados a gastos de vivienda.
De acuerdo con esas cifras, la reclamación ascendería a 48.000 euros en honorarios y 56 millones de pesos por concepto de vivienda.
Otro de los asuntos que llamó la atención en los audios son las referencias a los gastos asociados a Alcocer. Ferrer habría señalado que los gastos mensuales de la entonces primera dama rondaban los 50.000 euros, una cifra que, según el cálculo presentado en la entrevista, equivaldría aproximadamente a 183 millones de pesos mensuales.
Este punto abre uno de los principales interrogantes de la controversia: ¿a qué correspondían exactamente esos gastos, quién los asumía y de qué fuentes provenían los recursos?
También queda por establecer si los recursos mencionados tenían alguna relación con la campaña presidencial, con actividades personales o con otros contratos y servicios. Para responder esas preguntas sería necesario revisar documentos contables, contratos, facturas, registros bancarios y los reportes oficiales de ingresos y gastos electorales.
La discusión cobra especial relevancia porque cualquier aporte destinado a una campaña presidencial debe cumplir las reglas de financiación electoral y quedar registrado conforme a la legislación colombiana. Por ello, si existieran recursos destinados a actividades proselitistas que no fueron reportados, correspondería a las autoridades electorales y judiciales determinar si hubo alguna infracción y quiénes serían eventualmente responsables.
Por ahora, la versión de Ferrer tampoco establece de manera concluyente que los recursos mencionados en los audios hayan sido utilizados para financiar la campaña de Petro ni que se haya producido una irregularidad electoral. Ese es precisamente uno de los puntos que tendría que ser esclarecido mediante pruebas adicionales.
Una reclamación económica llega a conciliación
En medio de la polémica, este jueves 13 de agosto está prevista una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá, relacionada con la reclamación económica presentada por Ferrer.
A la diligencia fueron convocadas las partes involucradas en la controversia. Además de Eva Ferrer y Verónica Alcocer, fue citado el empresario catalán Manel Grau, señalado en la reclamación como una persona cercana a la entonces primera dama y que habría intervenido en acuerdos relacionados con la contratación de la consultora.
La audiencia podría convertirse en un escenario clave para establecer cuáles son las diferencias económicas existentes, qué servicios fueron contratados, quién asumió los pagos y cuáles fueron las condiciones pactadas.
No obstante, una eventual conciliación económica tampoco determinaría automáticamente la existencia de delitos o irregularidades electorales. Son asuntos distintos que, de ser necesario, tendrían que ser analizados por las autoridades correspondientes.
Las preguntas que quedan abiertas
La controversia deja varios interrogantes sobre la mesa.
¿Los recursos mencionados por Ferrer tuvieron alguna relación con la campaña presidencial de 2022?
¿Quién contrató formalmente sus servicios y con qué recursos fueron financiados?
¿Los cuatro meses de honorarios que reclama quedaron registrados contablemente?
¿A qué correspondían los gastos de vivienda y los montos que Ferrer menciona en los audios?
¿Existieron aportes o pagos relacionados con la campaña que no fueron incluidos en los reportes electorales?
¿Las personas mencionadas en las conversaciones tuvieron algún papel en la administración de recursos o contratación durante la campaña?
Y, finalmente, ¿qué elementos adicionales podrán aportar los documentos, la audiencia de conciliación y una eventual investigación oficial para confirmar o descartar los señalamientos?
Mientras esas preguntas no sean respondidas con documentos y pruebas verificables, las afirmaciones contenidas en los audios permanecen en el terreno de las denuncias y versiones de una de las partes.
El caso, sin embargo, vuelve a poner bajo escrutinio la financiación de la campaña presidencial de 2022 y las relaciones contractuales alrededor de quienes participaron en su organización, en un momento en que las autoridades deberán determinar si existe mérito para abrir o profundizar investigaciones sobre los hechos mencionados.