La reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro podría regresar nuevamente al Congreso de la República, en medio del estudio que adelanta la Corte Constitucional sobre los problemas de trámite que han impedido su entrada en vigencia.
La ponencia, elaborada por la magistrada Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, plantearía devolver por segunda ocasión la Ley 2381 de 2024 a la Cámara de Representantes para que se corrijan los vicios de procedimiento identificados durante su aprobación.
El principal cuestionamiento está relacionado con la manera en que la Cámara intentó subsanar el primer error advertido por el alto tribunal. Durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, los representantes aprobaron nuevamente la reforma acogiendo el texto que había sido aprobado por el Senado, pero sin realizar una discusión individual de su articulado.
Precisamente, la Corte había advertido que no era suficiente con aprobar una proposición para adoptar el texto proveniente del Senado. En el Auto 841, el tribunal señaló la necesidad de garantizar una deliberación efectiva sobre el contenido de la iniciativa y permitir que fueran consideradas las proposiciones formuladas por los congresistas.
Ante este escenario, la ponencia no optaría inicialmente por eliminar completamente la reforma, sino por permitir que el Congreso tenga una nueva oportunidad para corregir el procedimiento y adelantar el debate bajo las condiciones exigidas por la Constitución.
La decisión podría tener importantes consecuencias políticas.
La reforma permanece suspendida desde junio de 2025 y, si la Sala Plena de la Corte Constitucional respalda la propuesta de Meneses, el proyecto regresaría a una Cámara de Representantes con una composición política diferente a la que participó en su aprobación original.
Esto significa que una iniciativa que fue uno de los principales proyectos del gobierno Petro tendría que enfrentarse nuevamente a un escenario legislativo distinto y a una correlación de fuerzas que podría modificar sustancialmente el futuro de la reforma.
Por ahora, no existe una decisión definitiva. La Sala Plena deberá estudiar la ponencia y determinar si la Ley 2381 debe regresar al Congreso o si procede una determinación diferente sobre su constitucionalidad.
Mientras la Corte no adopte una decisión, la reforma pensional continúa suspendida y las nuevas reglas que pretendía establecer no están vigentes.