Una contratación que permanecerá vigente hasta finales de 2026 volvió a poner bajo el escrutinio público a Elizabeth Ortiz, una influenciadora identificada con el petrismo, luego de que el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo destacara públicamente su participación en la gestión de recursos para El Espinal.
La controversia no surgió únicamente por las palabras del exfuncionario. El episodio llevó la atención hacia el historial contractual de Ortiz con diferentes entidades estatales, cuyo valor acumulado supera los $426 millones, de acuerdo con registros de SECOP y BuscaSecop citados por SEMANA.
Durante un acto público en El Espinal, Jaramillo se refirió directamente a Ortiz y aseguró que tuvo un papel activo en las gestiones para lograr la llegada de $8.000 millones al municipio.
“Esta niña que está acá, Elizabeth, no descansó hasta que confirmara que yo consiguiera los recursos para que llegaran esos 8.000 millones de pesos”, manifestó el exministro.
La declaración adquirió especial relevancia al conocerse que Ortiz tiene actualmente dos contratos estatales que, en conjunto, representan cerca de $188,6 millones.
El de mayor cuantía fue celebrado con la Presidencia de la República por $121,7 millones. Entre las actividades contempladas aparecen el monitoreo y análisis de medios, así como labores de apoyo relacionadas con la divulgación de contenidos comunicacionales.
Lo que genera mayor interés político alrededor de este contrato es su fecha de terminación: 30 de diciembre de 2026. Es decir, el vínculo contractual trasciende el cambio de administración y permanecerá vigente durante buena parte del primer año del nuevo gobierno.
El otro contrato vigente está relacionado con la Superintendencia del Subsidio Familiar y asciende a $66,9 millones. Según la información contractual, las actividades están relacionadas con el apoyo a procesos de inspección y vigilancia de las cajas de compensación familiar y con la elaboración de modelos estadísticos para fortalecer la supervisión.
El historial también incluye otros negocios con el Estado. BuscaSecop registra contratos anteriores por $121 millones y $55 millones relacionados con el sector de Minas y Energía, además de un contrato de $60 millones con el Ministerio de Salud.
Los objetos contractuales son diversos e incluyen actividades relacionadas con combustibles en zonas de frontera, promoción de la salud y prevención de enfermedades.
El caso vuelve a abrir una discusión que ha acompañado al gobierno de Gustavo Petro desde sus primeros años: la contratación de personas con cercanía o afinidad política con el proyecto de gobierno.
Pero una cuestión es la afinidad política y otra, diferente, la legalidad de una contratación. La existencia de contratos estatales o la cercanía pública de un contratista con determinado sector político no constituye, por sí misma, prueba de una actuación irregular.
Por eso, el verdadero debate está en los documentos: las condiciones de cada contrato, los estudios previos, los requisitos exigidos, los informes de ejecución, los productos entregados y las razones que sustentaron la selección de Ortiz.
También queda sobre la mesa una pregunta de carácter administrativo: ¿qué llevó a que un contrato firmado durante el gobierno anterior continúe vigente hasta diciembre de 2026?
La respuesta debería encontrarse en las condiciones contractuales y en los documentos oficiales de la entidad, especialmente porque el país atraviesa un cambio de gobierno y cualquier continuidad contractual puede ser objeto de revisión bajo criterios de legalidad, necesidad y cumplimiento.
El episodio protagonizado por Jaramillo, por tanto, terminó llevando la discusión más allá de un reconocimiento público. Ahora la atención está puesta en el recorrido contractual de Elizabeth Ortiz y en determinar si detrás de los más de $426 millones registrados existen únicamente relaciones contractuales sustentadas en necesidades técnicas del Estado o si hay elementos adicionales que ameriten explicaciones.
La discusión, en últimas, no debería quedarse en la simpatía o antipatía política de la contratista. Deberá resolverse con los documentos y con los resultados que cada una de esas contrataciones pueda demostrar.