Jorge Bleel Cervantes, abogado y excontratista del Distrito de Cartagena, ha sido condenado a una pena de 75 meses de prisión, es decir, 6 años, por su participación en el delito de peculado por apropiación agravado.
El fallo fue emitido por el Juez Cuarto Penal del Circuito, Luis Fernando Machado López, quien también impuso una multa de $2.756 millones y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el mismo período de la condena.
El proceso judicial que derivó en esta condena comenzó tras una denuncia presentada por el exalcalde de Cartagena, William Dau, en la que se mencionaba la pérdida de más de $19 mil millones de recursos públicos, señalando a Bleel Cervantes como uno de los responsables de este desfalco. La investigación reveló que el abogado, junto a otros dos contratistas, se habría apropiado de grandes sumas de dinero que debían haberse destinado a la recuperación de títulos judiciales del Distrito, pero que nunca ingresaron al patrimonio municipal.
En particular, Bleel Cervantes admitió haber retirado 2.756 millones de pesos de un título judicial a favor del Distrito, los cuales fueron sustraídos de la plataforma de depósitos judiciales del Banco Agrario. Este dinero nunca fue incorporado a los fondos del Distrito, lo que motivó su condena.
El juez, al considerar la gravedad del delito, destacó que la acción de Bleel Cervantes atenta contra la administración pública, afectando la confianza ciudadana y el bienestar de la comunidad. Además, subrayó que la conducta del condenado impactó negativamente el servicio público de aseo y la salubridad pública, áreas fundamentales para el desarrollo de la ciudad.
El abogado, que inicialmente se encontraba bajo detención domiciliaria, deberá cumplir la condena en un centro penitenciario, ya que el juez decidió revocar el beneficio de prisión domiciliaria. Este fallo es el primer paso en el proceso judicial que continúa para los otros dos implicados, quienes aún no han sido sentenciados.
Este caso pone en evidencia los graves problemas de corrupción que afectan a las entidades públicas, particularmente en Cartagena, y subraya la importancia de mantener la vigilancia sobre la gestión de los recursos del Estado.
