El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá halló culpable al exalcalde de Santa Marta por anomalías en un contrato superior a los $6.500 millones. Además, le impuso una multa multimillonaria e inhabilidad pública.
En una de las decisiones judiciales más de mayor impacto en el panorama político del Caribe colombiano, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá emitió condena en primera instancia contra el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar.
El despacho lo declaró responsable en calidad de coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, fijando una pena privativa de la libertad de 117,6 meses de prisión (aproximadamente 9 años y 10 meses).
La ‘radiografía’ del contrato investigado
Las pesquisas judiciales se centraron en las severas irregularidades detectadas en la ejecución del contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014. El acuerdo comercial se pactó entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes SAS con el objetivo de adecuar y mantener cinco puestos de salud clave en la capital del Magdalena:
PARÁMETRO DETALLE DEL CONTRATO PS-04
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Monto total ejecutado Más de $6.532 millones de pesos
Plazo inicial pactado 10 meses
Infraestructuras objeto Centros de salud de Bastidas, La Candelaria,
Mamatoco, Taganga y La Paz
Entidad contratante ESE Alejandro Próspero Reverend
Según las evidencias acreditadas por la Fiscalía durante el juicio, la contratación estuvo viciada desde su estructuración, derivando en el desvío e irresponsable manejo de recursos públicos destinados a la atención médica de la población samaria más vulnerable.
Millonaria multa e inhabilidad sin beneficios
Aparte de la privación de la libertad en establecimiento carcelario, la sentencia proferida impone drásticas sanciones accesorias de carácter económico y político:
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Multa económica: Caicedo deberá pagar la suma de $4.453 millones de pesos.
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Muerte política: Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo lapso de la pena principal.
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Sin subrogados: El juzgado determinó negarle beneficios o sustitutivos de la pena privativa de la libertad.
¿Qué viene para el proceso?
Aunque la decisión judicial ordena que, una vez en firme la sentencia, el INPEC disponga el cupo penitenciario para su reclusión, la defensa técnica del exmandatario cuenta con los plazos de ley para interponer el recurso de apelación. Con esto, el expediente pasará a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, donde se definirá la suerte jurídica definitiva de quien fuera una de las figuras políticas más influyentes de la región en la última década.