El 15 de diciembre pasó sin que las Centrales Obreras y los representantes de los empresarios llegaran a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo para 2025, un tema clave para millones de trabajadores en Colombia. A pesar de que la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había afirmado que el objetivo era llegar a un acuerdo en esta fecha, el primer plazo legal establecido por la ley no fue suficiente para concertar una cifra.
El desacuerdo radica en las propuestas presentadas por las partes. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sugirió un aumento del 12%, lo que representaría un incremento de $162.000. Arias defendió su propuesta argumentando que se buscaba mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, y resaltó la necesidad de revisar los cánones de arrendamiento, los precios de productos regulados por el Estado y las necesidades de los pensionados.
Por otro lado, la propuesta de Acopi, presentada por Rodolfo Correa, presidente Ejecutivo de la organización, es mucho más conservadora, con un incremento del 5,2%, es decir, $67.600. Correa explicó que, como representantes de los pequeños y microempresarios, las empresas de menor tamaño deben asumir las consecuencias de este acuerdo y que su propuesta está alineada con la inflación esperada por el Banco de la República.
Mientras tanto, otras entidades gremiales como Fenalco y Andi no presentaron propuestas formales para el debate.
La ley otorga un segundo plazo, que vence el 30 de diciembre. Si no se llega a un acuerdo antes de esa fecha, el Gobierno tendrá la facultad de decretar el incremento del salario mínimo. Para seguir avanzando en las negociaciones, las partes volverán a reunirse el lunes 18 de diciembre a las 2:00 p.m., en busca de llegar a un consenso que beneficie a los trabajadores y sea sostenible para la economía del país.
