La tranquilidad en el municipio de Santa Ana, Magdalena, se ha roto por completo. Un fuerte terremoto político y social se desató luego de que la reconocida defensora de derechos humanos, Norman Vera, pusiera bajo la lupa a la administración local al exigir la suspensión inmediata de un alto contratista, en medio de un delicado caso que involucra a una menor de tan solo 15 años.
La mira sobre el asesor jurídico de la Alcaldía
La denuncia pública apunta directamente a Simón Villamizar, exalcalde del municipio y actual asesor jurídico de la administración de Santa Ana. Según las declaraciones de la defensora Vera, existiría un presunto «muro de protección» institucional para blindar al funcionario mientras avanza el proceso de investigación en su contra.
«Es urgente apartar al contratista de su cargo para garantizar transparencia en el proceso y evitar que su posición influya en el desarrollo de la investigación», sostiene la denuncia.
Una cadena de presuntas negligencias
El escándalo no solo rodea al investigado, sino también a la respuesta de las autoridades locales. La familia de la menor afectada asegura haber recorrido un verdadero calvario institucional marcado por tres fallas críticas:
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Atención médica deficiente: Presuntas trabas y demoras en los protocolos de salud física y psicológica para la menor.
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Lenta reacción policial: Cuestionamientos sobre la velocidad de respuesta de los uniformados ante el llamado de emergencia.
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Trabas en la justicia: Retrasos injustificados en el inicio del proceso judicial que, según la veeduría de derechos humanos, solo terminan favoreciendo la impunidad.
Llamado de emergencia a entes nacionales
Ante lo que califican como un «silencio cómplice» a nivel local, Norman Vera solicitó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo para que actúe como garante del proceso. Asimismo, se le ha exigido formalmente a la Alcaldía de Santa Ana dar explicaciones públicas sobre las omisiones denunciadas en este caso.
Hasta el momento del cierre de esta edición, no existe una condena judicial en firme contra Simón Villamizar, por lo que el proceso legal sigue su curso bajo el principio de presunción de inocencia.