El fantasma del paramilitarismo, la parapolítica y el doloroso capítulo del despojo de tierras vuelven a sacudir el tablero político y social del Magdalena.
Esta vez, el epicentro del debate es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal ante el cual comparece Saúl Severini Caballero, un nombre que en su momento concentró un enorme poder a la sombra de la ilegalidad en el departamento.
Severini, quien combinó su faceta de reconocido ganadero de la región con el rol de exjefe del Frente Pivijay del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), busca someterse formalmente a la justicia transicional. Sin embargo, el beneficio de la libertad o las penas alternativas no le saldrán gratis: el tribunal le ha dejado claro que la llave de sus beneficios jurídicos depende exclusivamente de tres principios innegociables: verdad plena, reparación a las víctimas y garantías de no repetición.
Las redes invisibles: ¿Quiénes financiaron el horror?
El principal objetivo de la JEP con la comparecencia de Severini no es solo escuchar los delitos de sangre que ya se conocen, sino desmantelar la estructura intelectual y económica que sostuvo el proyecto paramilitar en Pivijay y la subregión del Río.
El tribunal le exige al exjefe paramilitar un relato exhaustivo que aclare los siguientes puntos:
- Los «socios» de corbata: Identificar con nombres propios a los dirigentes políticos, autoridades locales, empresarios y colegas ganaderos que presuntamente financiaron, promovieron o se lucraron de la violencia de las AUC.
- El control del erario: Esclarecer cómo se consolidaron las alianzas para capturar administraciones municipales, presionar votaciones en corporaciones públicas y direccionar los contratos públicos hacia las arcas de la organización ilegal.
- El mapa del despojo: Reconstruir las maniobras con las que miles de hectáreas de tierra pasaron de manos de campesinos desplazados a nuevos «dueños» bajo el amparo de los fusiles.
El sometimiento de Severini a la JEP representa un momento crucial para el Magdalena. No se trata solo de juzgar al hombre que empuñó las armas, sino de revelar el entramado civil, empresarial y político que permitió que el Frente Pivijay gobernara la región bajo el terror.