Mientras miles de samarios abren el grifo esperando agua y solo reciben promesas, el dinero de sus facturas mensuales parece tener un destino muy diferente al de reparar la red de acueducto. Isis Navarro, exagente interventora de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), reapareció públicamente con una denuncia que pone el dedo en la llaga: el recaudo no se invierte en infraestructura, sino en mantener una red de empleados fantasma.
La verdadera «enfermedad» de la empresa
A través de un contundente video que ha encendido el debate político y social en la ciudad, Navarro aclaró que el colapso de Essmar no es solo un problema técnico de ingeniería. El verdadero daño, según la exfuncionaria, está incrustado en la misma administración de la entidad.
“El dinero del agua no está salvando a la empresa. Se está gastando en pagarle el sueldo a más de 160 personas que literalmente no hacen nada”, sentenció Navarro.
Los puntos clave de la denuncia
El pronunciamiento de la exinterventora detalla una estructura que, según sus palabras, canibaliza los recursos que aportan los usuarios mes a mes:
- Sindicatos con tinte político: Navarro apuntó directamente a dos organizaciones sindicales dentro de Essmar, asegurando que están fundamentadas en movimientos políticos y no en la defensa laboral.
- Las 160 «corbatas»: Con este término calificó de forma directa a la porción de la nómina que cobra un salario fijo sin ejercer funciones reales ni aportar al mejoramiento del servicio.
- Un problema bajo advertencia: La exfuncionaria recordó que esta situación no es una sorpresa de última hora; el panorama ya había sido consignado en su informe oficial de gestión y denunciado públicamente en entrevistas previas mientras lideraba la intervención.
Facturas caras, inversión cero
La consecuencia directa de este fenómeno la sufren los usuarios en la calidad del servicio. Al priorizar el gasto burocrático sobre el operativo, el margen de maniobra financiera para modernizar el sistema es nulo.
En términos sencillos: el flujo de caja mensual que debería destinarse a la compra de nuevas bombas de presión o a la instalación de tuberías modernas, termina diluyéndose por completo en el pago de favores políticos y puestos improductivos.