Bogotá – El proceso relacionado con las presuntas irregularidades aduaneras en la Seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en La Guajira ha entrado en una nueva fase de revisión institucional. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó unificar y centralizar las actuaciones procesales en la capital de la República, con el fin de examinar de manera objetiva el comportamiento de los profesionales del derecho involucrados en el caso.
A través de un pronunciamiento emitido el pasado 6 de julio de 2026 bajo el consecutivo SJ-RYGG 21483, el alto tribunal asignó el expediente (radicado 110010802000202600491 00) al despacho del magistrado Juan Carlos Granados Becerra. Esta instancia evaluará si las estrategias y acciones legales interpuestas por las partes se ajustan estrictamente a los códigos de ética y a la normatividad legal vigente.
Origen del caso y debate en los tribunales
El asunto principal se deriva del radicado penal 11006099366202200008, dentro del cual se investigan supuestos cobros irregulares y maniobras contrarias a la ley por parte de exfuncionarios de la entidad aduanera. Tras una serie de publicaciones basadas en investigaciones periodísticas, la Fiscalía General de la Nación inició las indagaciones formales correspondientes, ordenando en su momento la detención preventiva de los presuntos implicados.
En el marco del desarrollo de este proceso, se ha generado un cruce de acciones legales entre la defensa técnica y el sector de la prensa:
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Acciones de la defensa: La abogada Mauren Puente, apoderada de uno de los exfuncionarios procesados, interpuso una denuncia penal contra la periodista de investigación Amalfi Isabel Rosales Rambal. Asimismo, la profesional del derecho ha extendido diversos requerimientos legales dirigidos a testigos y presuntas víctimas dentro del expediente.
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Postura de la prensa: Por su parte, la comunicadora Rosales Rambal ha manifestado que sus publicaciones se limitaron a documentar datos de interés público que posteriormente fueron entregados formalmente a las autoridades judiciales competentes.
Argumentos de las partes y principio de presunción de inocencia
El debate actual radica en la interpretación de estas herramientas jurídicas. Mientras que los sectores que respaldan la labor informativa perciben las denuncias como un intento de presión o silenciamiento contra los denunciantes y los medios de comunicación, el marco legal colombiano faculta a los defensores a utilizar los recursos de ley para salvaguardar los derechos de sus representados.
«Las decisiones de capturar, imputar o acusar corresponden exclusivamente a la Fiscalía y a los jueces. Ningún periodista tiene la facultad de ordenar investigaciones ni de determinar la responsabilidad penal», señaló la periodista Rosales, enfatizando que acudirá a los llamados judiciales bajo el debido respeto a la presunción de inocencia.
Por otro lado, la comunicadora ha expresado su preocupación por la falta de garantías procesales en el ámbito local de La Guajira, señalando supuestos vínculos de cercanía o familiaridad entre operadores de justicia de la zona y la defensa de los procesados. Bajo esta premisa, la centralización del expediente en Bogotá busca brindar un entorno de neutralidad e imparcialidad para el esclarecimiento de los hechos.
Posibles escenarios institucionales
La revisión que adelanta la Comisión de Disciplina Judicial determinará si los abogados actuaron bajo el legítimo ejercicio del derecho a la defensa o si incurrieron en faltas éticas. De hallarse méritos suficientes durante la evaluación del magistrado Granados Becerra, el alto tribunal mantiene la facultad legal de compulsar copias ante la justicia penal ordinaria para indagar posibles conductas punibles asociadas a la obstrucción de la justicia. Hasta tanto no exista un fallo en firme, todos los profesionales investigados gozan de las plenas garantías de ley.