Las acciones judiciales contra la defraudación de fluidos se intensificaron en el norte del país. En un balance presentado por la empresa Air-e Intervenida, se confirmó que un total de 106 personas fueron capturadas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira entre enero y junio de este año por estar vinculadas al robo de energía eléctrica bajo diferentes modalidades.
La compañía transportadora y distribuidora de energía señaló que estas detenciones forman parte de una estrategia integral para combatir las conexiones ilegales, las cuales no solo constituyen un delito, sino que deterioran gravemente la estabilidad, confiabilidad y oportunidad en la prestación del servicio público para los usuarios legales.
Operativos de alto impacto en comercios y estratos altos
Gracias a un trabajo articulado con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, durante los primeros seis meses de 2026 se ejecutaron 264 operativos de control técnico e inspección. Las acciones permitieron desmantelar fraudes sofisticados que incluían líneas directas sin medidor, acometidas intervenidas y medidores manipulados.
El mayor (r) John Carvajal, gerente de Seguridad de Air-e Intervenida, precisó que el delito no discrimina sectores socioeconómicos, pues se detectaron graves irregularidades en entornos comerciales, establecimientos industriales, zonas rurales e incluso en sectores residenciales de estratos altos.
«Invitamos a nuestra ciudadanía a denunciar todo acto ilegal y, así mismo, a toda persona que esté manipulando, de manera fraudulenta, la red eléctrica», manifestó el jefe de seguridad de la compañía.
Un riesgo inminente para la vida
Además del millonario detrimento económico que sufre el sistema de servicios públicos por cuenta de este flagelo, Air-e Intervenida enfatizó que la manipulación ilegal de la infraestructura representa un peligro mortal. Las conexiones artesanales e irregulares elevan exponencialmente el riesgo de cortocircuitos, incendios y accidentes por electrocución, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.
Al cierre de su balance semestral, la empresa intervenida hizo un llamado masivo hacia el uso eficiente, legal y transparente del recurso energético, ratificando su compromiso de mantener una ofensiva jurídica y técnica para erradicar el fraude en la región Caribe.