Las autoridades capturaron a Ederlides Alfonso Gutiérrez Manga, exsecretario de Planeación del municipio de Sitionuevo, Magdalena, para hacer efectiva una condena de 112 meses de prisión por hechos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública durante el año 2012.
El procedimiento fue adelantado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con unidades de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Santa Marta. La captura se llevó a cabo en vía pública, en el barrio La Magdalena de Sitionuevo, en cumplimiento de una orden judicial expedida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario fue condenado como responsable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, tras concluir el proceso judicial por las anomalías detectadas durante su desempeño como secretario de Planeación y supervisor de varios contratos.
Las investigaciones se originaron luego de denuncias presentadas por concejales del municipio, quienes advirtieron posibles irregularidades en diferentes procesos contractuales adelantados por la administración municipal.
Durante el desarrollo del caso, los investigadores establecieron que, presuntamente, fueron celebrados 14 contratos de mínima cuantía con el propósito de evitar el proceso de licitación pública. Asimismo, se determinó que varios de esos contratos no habrían sido ejecutados, pese a que se desembolsaron recursos públicos superiores a los 157 millones de pesos.
Dentro del mismo expediente también fue procesado el entonces alcalde de Sitionuevo, Omar Díaz Gutiérrez, quien aceptó su responsabilidad mediante sentencia anticipada. Por su parte, Gutiérrez Manga optó por enfrentar el juicio oral, el cual concluyó con una sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga.
La captura fue ejecutada por el Grupo Operativo de Capturas del CTI Magdalena, con el apoyo del Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública y unidades de la SIJIN, quienes dejaron al condenado a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia.