La crisis de transparencia en el sistema de aseguramiento en salud ha escalado a un terreno estrictamente contable y judicial. La Superintendencia Nacional de Salud notificó un perentorio ultimátum a la Nueva EPS, otorgándole como plazo máximo el próximo 6 de julio para que radique de manera oficial los estados financieros correspondientes a las vigencias de 2023, 2024 y 2025.
La orden exige que los documentos de estos tres años fiscales sean entregados debidamente certificados, dictaminados y aprobados por los órganos de control interno y revisoría fiscal de la entidad. El incumplimiento de este requerimiento técnico acarreará drásticas sanciones administrativas para la promotora de salud.
Un frente judicial que presiona la transparencia
Este requerimiento de la Superintendencia no es un hecho aislado, sino que actúa en consonancia con un reciente fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca. El alto tribunal concluyó tras un análisis de fondo que la Nueva EPS ha incurrido en fallas graves frente a los principios de transparencia y acceso a la información que constitucionalmente le debe a sus usuarios.
Población en vilo: El limbo financiero y la falta de claridad en los balances contables afectan de manera directa la confianza y la operación del servicio para una base que supera los 11 millones de afiliados en todo el territorio nacional.
Las implicaciones del requerimiento
El cruce de información financiera de las vigencias pasadas (2023, 2024) y la más reciente (2025) busca establecer la realidad del flujo de caja, la destinación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el estado real de las deudas con la red de prestadores de servicios (clínicas y hospitales).
De persistir la renuencia en la entrega de los balances auditados para el 6 de julio, la Supersalud activará los procesos sancionatorios que podrían derivar en multas millonarias e, incluso, en el endurecimiento de las medidas de intervención que ya pesan sobre el sector de la salud en el país.