La transición de gobierno en Colombia ya anticipa su primer gran pulso constitucional. El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, lanzó una dura advertencia institucional en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio: el mandatario electo no tiene la facultad legal de acabar con los procesos de paz vigentes mediante un plumazo o un decreto unilateral. Hacerlo, según el jurista, implicaría una flagrante violación a la Carta Magna.
El debate se encendió tras las recientes posturas del nuevo gobierno, que busca poner un ultimátum a las estructuras ilegales. Sin embargo, para Montealegre, la estrategia bandera de la administración saliente de Gustavo Petro ya no le pertenece a un partido ni a un presidente de turno: mutó a una política de Estado.
Los tres candados jurídicos que frenan el desmonte de los diálogos
De acuerdo con el análisis del exfiscal, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño se encontrará con un blindaje legal estructurado en tres niveles:
-
El mandato constitucional: La Constitución colombiana eleva la paz a la categoría de derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Bajo esta premisa, el Estado está condicionado a priorizar la salida negociada por encima de la vía puramente militar.
-
Protocolos internacionales: Las mesas de diálogo activas cuentan con salvaguardas y protocolos nacionales e internacionales firmados por delegados y países garantes. Estos compromisos impiden rupturas abruptas o arbitrarias.
-
Hechos cumplidos en el territorio: El modelo actual no es una propuesta al aire; ya cuenta con mesas simultáneas operando en distintas regiones y zonas de ubicación temporal preestablecidas.
«Las decisiones sobre la paz no dependen de posturas del presidente de la República… Cualquier decreto que pretenda terminarlos sería, en mi concepto, inconstitucional», sentenció firmemente Montealegre.
No obstante, el exfiscal dejó un margen de maniobra para el nuevo Ejecutivo: el presidente entrante sí tendrá plena libertad de diseñar su propia estrategia frente a aquellas organizaciones criminales que aún no hayan iniciado formalmente un proceso de negociación.
Distancia frente a los ruidos de la Ley de Sometimiento
A la par del debate constitucional, Montealegre aprovechó para desmarcarse de las recientes polémicas que salpican la construcción de la Ley de Sometimiento de la era Petro, específicamente sobre supuestos acercamientos entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y capos del narcotráfico como alias ‘Boyaco Sinaloa’.
El exfiscal, quien participó activamente en el diseño técnico de dicha ley basándose en la experiencia de los acuerdos con las FARC, defendió la pulcritud de su trabajo:
-
Vacío jurídico: Defendió que el proyecto buscaba llenar los huecos legales de la «Paz Total», dando reglas claras de desarme y penas a las bandas criminales.
-
Debate limpio: Aseguró desconocer cualquier pacto secreto de pasillo: «Di un debate limpio, por encima de la mesa, con argumentos. Desconozco cualquier compromiso que eventualmente hayan adquirido otros funcionarios», zanjó.