En una decisión que tendría importantes repercusiones para la región Caribe, el Gobierno nacional anunció la liquidación definitiva de Air-e, empresa encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según lo informado por el presidente Gustavo Petro, la determinación se adoptó luego de evaluar los resultados de la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concluyendo que la situación financiera de la compañía y sus obligaciones en el mercado energético hacen inviable su recuperación.
De acuerdo con el anuncio, la infraestructura, las redes y los activos de Air-e serían transferidos a la Generadora de Energía del Caribe (Gecelca), empresa de carácter estatal que asumiría la operación del servicio bajo un nuevo esquema de gestión pública.
El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico y atender los problemas estructurales que durante años han afectado a los usuarios de la Costa Caribe, especialmente en materia de calidad del servicio y costos tarifarios.
Para facilitar la transición, el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseñarán un cronograma de empalme institucional que permita el traslado gradual de los usuarios sin afectar la prestación del servicio. Asimismo, se estudian mecanismos financieros y regulatorios para enfrentar el déficit heredado y garantizar la estabilidad del sistema durante el proceso.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos iniciaría las actuaciones correspondientes para adelantar la liquidación administrativa de la empresa y la valoración de sus activos.
La decisión ha generado reacciones en distintos sectores del mercado energético. Gremios y analistas han expresado preocupación por los efectos que podría tener la transición sobre los contratos vigentes, los flujos de recaudo y la estabilidad financiera del sector eléctrico nacional, advirtiendo la necesidad de implementar medidas que eviten riesgos para la operación del sistema.
Mientras avanzan los procedimientos administrativos, millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira permanecen atentos a los alcances de una decisión que podría redefinir el modelo de prestación del servicio de energía en la región Caribe.