En un hecho calificado como histórico para la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas, el Ministerio de Ambiente oficializó la protección permanente de más de 1,5 millones de hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio considerado sagrado por las comunidades ancestrales y reconocido como el “Corazón del Mundo”.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 0663 del 2 de junio de 2026, entregada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, durante un acto realizado en Bonga, donde participaron representantes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
Con esta medida, queda prohibida la realización de nuevas actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera dentro de la zona protegida, garantizando la conservación de los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas, la biodiversidad y los sitios sagrados que hacen parte del territorio ancestral indígena.
La ministra Vélez destacó que la decisión responde al compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la naturaleza y el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades originarias.
“Esta reserva representa una apuesta por la vida, la biodiversidad y el agua. Decimos sí a las economías sostenibles y no a los modelos extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas y las comunidades”, afirmó la funcionaria.
Las autoridades ambientales explicaron que la declaratoria no limita actividades productivas sostenibles ni proyectos relacionados con agricultura, turismo, vivienda, salud, educación, infraestructura comunitaria, servicios públicos, conectividad, investigación científica o gestión del riesgo, siempre que se desarrollen bajo criterios de protección ambiental y respeto por los valores culturales del territorio.
Por su parte, la Confederación Indígena Tayrona celebró la decisión y la calificó como el resultado de años de diálogo, concertación y defensa permanente de la Sierra Nevada, uno de los ecosistemas más importantes de Colombia y del mundo.
La medida fortalece las acciones de conservación en una región considerada estratégica para el equilibrio ambiental del Caribe colombiano y representa uno de los mayores avances en materia de protección territorial y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años.