Un amplio operativo de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo reavivó la polémica alrededor de Yamit Picón Rodríguez, luego de que el Gobierno Nacional interviniera una finca de más de 150 hectáreas que, según las autoridades, estaría relacionada con presuntas actividades de lavado de activos y financiación de estructuras armadas ilegales.
El procedimiento se llevó a cabo en el sector de El Recreo, en el municipio de La Gloria, sobre la Ruta del Sol, donde uniformados y funcionarios judiciales adelantaron la ocupación del predio en medio de un fuerte despliegue de seguridad.
De acuerdo con información de la Fiscalía y reportes de policía judicial, el inmueble estaría vinculado a investigaciones que señalan a Picón como presunto articulador de recursos económicos para el ELN en zonas del sur del Cesar y Norte de Santander, además de supuestos nexos con estructuras del narcotráfico.
Las autoridades también indican que el patrimonio asociado al investigado incluiría bienes y vehículos con un valor superior a los 1.600 millones de pesos, elementos que ahora hacen parte del proceso de extinción de dominio.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, aseguró que el predio presentaba ocupación irregular y que será trasladado al Fondo de Reparación, con el objetivo de ser destinado posteriormente a proyectos de distribución para campesinos de la región.
Sin embargo, Picón rechaza las acusaciones y afirma ser víctima de un error judicial. Sostiene que no tiene vínculos con grupos armados ilegales y que su patrimonio proviene de actividades legales relacionadas con el transporte de materiales y alimentos en la región.
“Soy solo un campesino”, ha reiterado en su defensa, mientras su equipo jurídico insiste en que no existen pruebas concluyentes que lo relacionen con estructuras criminales.
El caso ha generado debate en la región, especialmente porque el implicado ya había enfrentado procesos judiciales previos. Fue extraditado en 2021 a Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente capturado en Colombia por delitos como concierto para delinquir agravado, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aunque en noviembre de 2025 un tribunal de Bucaramanga lo absolvió del delito de rebelión, las investigaciones continúan abiertas por presuntas actividades ilícitas en el Catatumbo, lo que mantiene el caso bajo fuerte atención judicial y política.