Los contratos, que suman casi $18.500 millones, generan serios interrogantes sobre la transparencia y el cumplimiento de sus objetivos pedagógicos y de seguridad.
La administración distrital de Santa Marta se encuentra en el ojo del huracán tras las recientes alertas emitidas por la Fiscalía General de la Nación sobre dos procesos contractuales clave suscritos durante la vigencia 2024. Los montos, que superan los 18 mil millones de pesos, han despertado sospechas debido a la falta de claridad en la ejecución de los recursos y la eficiencia de los resultados prometidos.
El convenio con Aremca: $2.500 millones en el limbo
El primero de los focos de investigación se centra en un convenio firmado con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) por un valor de $2.500 millones. El objeto contractual, orientado supuestamente a promover la «seguridad vial» entre la población estudiantil del distrito, hoy carece de evidencias tangibles.
Fuentes cercanas al caso señalan que, a pesar de la cuantiosa inversión, no existe un informe detallado o una rendición de cuentas que sustente el impacto real del programa en las instituciones educativas. La Fiscalía busca determinar si los recursos fueron destinados efectivamente a las capacitaciones o si, por el contrario, se desviaron en actividades sin soporte técnico.
El «Preicfes» de los $15.684 millones: ¿Educación o despilfarro?
El segundo punto, y quizás el más controvertido, involucra un contrato por $15.684 millones. Este proceso tenía como propósito la implementación de herramientas didácticas y tecnológicas para el fortalecimiento educativo de estudiantes y docentes de cara a las Pruebas Saber Pro 2024.
Sin embargo, los entes de control han puesto en duda el destino final de estos dineros. La gran interrogante que ronda en el concejo distrital y en los organismos investigadores es: ¿Dónde están los resultados y los insumos tecnológicos que debían entregarse a los colegios? Hasta el momento, la opacidad rodea la ejecución de este contrato, que ha sido calificado por sectores de la oposición como un «preicfes de lujo» que, en la práctica, no se traduce en mejoras visibles para el estudiantado.
¿Qué sigue?
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado las labores de recolección de pruebas para determinar si en estos procesos existió una posible malversación de fondos o irregularidades en la contratación. Mientras tanto, la ciudadanía de Santa Marta exige explicaciones inmediatas sobre el paradero de estos recursos públicos que, en teoría, debían transformar la calidad educativa y la seguridad en la ciudad.
El despacho del alcalde Carlos Pinedo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre estos hallazgos específicos, mientras la presión ciudadana crece ante la necesidad de respuestas sobre el manejo del erario.