Barranquilla Alerta | Política Nacional
Por: Redacción Pasa La Voz
La carrera judicial del excanciller Álvaro Leyva Durán toma un giro definitivo. La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación ante la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que el exministro irá a juicio penal por su presunta responsabilidad en irregularidades durante la fallida licitación de los pasaportes en 2023.
El delito: Prevaricato por acción
La Fiscalía señala a Leyva por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. El ente acusador sostiene que el exfuncionario expidió resoluciones contrarias a la ley durante el proceso de selección para la fabricación y distribución de las libretas de pasaportes, un contrato valorado en más de $599 mil millones de pesos.
El centro de la investigación se basa en tres actos administrativos expedidos en septiembre de 2023:
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Resolución 7485: Con la que Leyva declaró desierta la licitación, a pesar de que el comité evaluador había recomendado adjudicarla a la única empresa proponente, la Unión Temporal Pasaportes 2023 (liderada por Thomas Greg & Sons).
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Resolución 7540: Que ratificó la declaratoria de desierta tras un recurso de reposición.
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Resolución 7541: Con la que el entonces canciller declaró la «urgencia manifiesta» para contratar sin licitación, una medida que, según la Fiscalía, carecía de justificación legal.
Un pulso jurídico que no termina
El caso de los pasaportes ha sido un campo de batalla legal. Mientras la Procuraduría ya sancionó a Leyva con una inhabilidad de diez años en el ámbito disciplinario, la Fiscalía busca ahora que el excanciller enfrente consecuencias penales por sus decisiones administrativas.
La empresa Thomas Greg & Sons, proveedora histórica del servicio desde 2007, ha sido el eje central de esta disputa, enfrentando al Gobierno en múltiples litigios. Aunque el Gobierno intentó buscar alternativas —como el fallido acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal— el contrato de pasaportes ha continuado marcado por la controversia y la inestabilidad jurídica.
El «tsunami» político en el gabinete
Este escándalo ha dejado una estela de salidas y confrontaciones internas en el Ejecutivo:
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Martha Lucía Zamora: La exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue la primera en advertir los riesgos de esta licitación y terminó convirtiéndose en testigo clave contra Leyva.
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Álvaro Leyva: Tras ser suspendido e inhabilitado, pasó de ser uno de los ministros de mayor confianza de Gustavo Petro a convertirse en un férreo opositor, denunciando una «persecución atroz».
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Laura Sarabia: Quien fuera mano derecha del Presidente, también salió del Ministerio de Exteriores en medio de confrontaciones por la adjudicación de este contrato.
Desde Pasa La Voz «Barranquilla Alerta» seguiremos atentos al desarrollo de este juicio ante la Corte Suprema, un proceso que no solo definirá el futuro legal de Álvaro Leyva, sino que también deja lecciones sobre la gestión de la contratación estatal en el país.