La ciudad se encuentra en máxima alerta tras revelarse la preocupante pérdida de 393 armas de fuego que estaban bajo la custodia de tres empresas de seguridad privada en Bogotá. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha intervenido de inmediato, suspendiendo las licencias de las firmas involucradas mientras la Fiscalía General de la Nación asume la investigación penal del caso.
¿Qué sucedió exactamente?
La investigación apunta a un convenio irregular entre tres compañías: Águila de Oro, Helam y Laucris Security. Según los informes, estas empresas compartían, de manera no permitida, a un mismo «coordinador de activos», identificado como Elkin David Polanco Pérez.
Este funcionario, quien era el responsable de la custodia, mantenimiento y control de los libros de registro del armamento, salió a un descanso a finales de diciembre de 2025 y nunca regresó a sus labores, cortando todo contacto con las empresas.
La magnitud del faltante
Tras la ausencia del coordinador, las auditorías internas y las visitas de inspección de la Superintendencia en febrero de 2026 sacaron a la luz la gravedad de la situación:
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Águila de Oro: 275 armas desaparecidas (avaluadas en cerca de 550 millones de pesos).
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Helam: 104 armas desaparecidas.
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Laucris Security: 14 armas desaparecidas.
En total, son 393 armas cuyo paradero es desconocido, generando un riesgo latente para la seguridad pública, dado el potencial de que este arsenal pueda terminar en manos de redes criminales.
Acciones de las autoridades
La Superintendencia de Vigilancia ha sido enfática en que no se tolerarán irregularidades. El superintendente Larry Álvarez declaró que, aunque se garantiza el debido proceso, existe una «postura firme frente a cualquier irregularidad» que ponga en riesgo la legalidad del sector.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación penal para determinar responsabilidades individuales, la Superintendencia adelanta un proceso administrativo que podría derivar en sanciones definitivas para estas compañías en un plazo de hasta tres años.
Este caso reabre el debate nacional sobre el control efectivo de las armas en manos de particulares y el papel del Estado para garantizar que las licencias de seguridad no sean utilizadas como fachada para actividades ilícitas.
Desde Pasa La Voz, seguiremos informando sobre el avance de estas investigaciones y los posibles hallazgos que permitan dar con el paradero de este armamento.