Así lo manifestó Arturo Garcìa Medrano, expersonero distrital y experto en seguridad
El departamento del Atlántico enfrenta un complejo panorama de orden público en lo que va del mes de abril de 2026, tras registrarse 64 muertes violentas hasta el día 15, según un consolidado de hechos de criminalidad que evidencia un aumento sostenido de la violencia en distintos municipios.
El informe detalla que la mayor carga de homicidios se concentra en el área metropolitana de Barranquilla, donde se han contabilizado 47 casos en total, lo que refleja la persistencia de estructuras criminales activas y dinámicas de sicariato en la zona urbana.
Barranquilla encabeza las estadísticas con 30 homicidios, seguida de Soledad con 7 casos, Malambo con 5, Galapa con 4 y Puerto Colombia con 1 hecho letal. Estas cifras mantienen en alerta a las autoridades locales, especialmente por la recurrencia de ataques armados en diferentes sectores de la capital del Atlántico y su entorno.
En los municipios del resto del departamento se reportan 16 muertes violentas adicionales, distribuidas en Sabanalarga con 6 casos, Sabanagrande con 4, Baranoa y Polonuevo con 2 cada uno, y Campo de la Cruz y Santo Tomás con un caso respectivamente. Estos hechos evidencian que la violencia también se extiende hacia zonas rurales y cabeceras municipales.
Uno de los aspectos más preocupantes del balance es el incremento de la violencia contra las mujeres. Entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026, 27 mujeres han sido asesinadas en distintos hechos violentos, de las cuales 7 casos se han registrado únicamente durante el mes de abril, lo que genera alarma entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
El análisis también indica que el sicariato es la principal modalidad utilizada en 51 de los 64 casos, lo que confirma la incidencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales organizadas en la ejecución de los homicidios.
Con un promedio aproximado de 4,2 muertes violentas por día, el comportamiento de la criminalidad en el departamento se mantiene en niveles críticos, según el consolidado.
La situación ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad civil, que advierten sobre el deterioro de la seguridad ciudadana y la necesidad de acciones más contundentes por parte de las autoridades. En ese sentido, se insiste en la importancia de fortalecer la inteligencia, la prevención del delito y la presencia institucional en los territorios más afectados.
El informe concluye con un llamado urgente a frenar la escalada de violencia y proteger el derecho a la vida, en medio de un contexto en el que las comunidades continúan exigiendo resultados frente a la criminalidad que golpea al Atlántico.