El municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico, enfrenta una crisis de sostenibilidad en su sistema de acueducto debido al alarmante índice de defraudación de fluidos. Actualmente, cerca de la mitad del agua potable producida se pierde a través de conexiones irregulares, una problemática que no solo genera pérdidas económicas superiores a los 200 millones de pesos mensuales, sino que degrada drásticamente la presión, calidad y continuidad del servicio para los más de 3.400 usuarios legalmente constituidos.
En un gesto de coherencia institucional, el alcalde municipal, Hayder Orozco, encabezó una jornada de formalización instalando personalmente el medidor en su propiedad rural. Con este acto, el mandatario busca sentar un precedente de cultura de legalidad, enfatizando que el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos es la única vía para exigir y garantizar la eficiencia operativa de la empresa prestadora, AQsur, especialmente en sectores donde el suministro es más crítico.
La situación se ha visto agravada por la actual temporada de verano, durante la cual se ha detectado un uso indiscriminado e ilegal del recurso hídrico para actividades de riego. Según AQsur, en lo que va de 2026 ya se han intervenido 12 conexiones fraudulentas de gran impacto. Claudia Bahamón, gerente de Aqualia Costa Norte, advirtió que estas prácticas perjudican directamente a quienes pagan su factura puntualmente, creando un desequilibrio que pone en riesgo el sistema de acueducto de toda la población.
Ante este panorama, la administración local y el operador han iniciado una ofensiva de fiscalización que incluye jornadas de inspección técnica y campañas pedagógicas en barrios priorizados. Las autoridades recordaron que el hurto de agua está tipificado como delito de defraudación de fluidos en el Código Penal Colombiano, por lo que quienes persistan en estas conductas podrían enfrentarse a procesos judiciales y sanciones penales severas.