El departamento del Atlántico ha dejado de ser un territorio en desarrollo para convertirse en un escenario de guerra abierta.
Las últimas 48 horas no son una «racha» de mala suerte; son el síntoma terminal de una seguridad en cuidados intensivos. Con homicidios en serie en Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabanagrande, sangre en Sabanalarga y sicariato a plena luz del día en Baranoa, la pregunta no es cuándo llegará la paz, sino dónde está el Estado.
1. La estadística del horror
La narrativa oficial de «casos aislados» se desmorona ante el peso de las cifras. Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) y monitoreos de organizaciones como Pares, la situación en el Atlántico refleja una realidad aterradora:
La tasa de homicidios: En el primer trimestre de 2026, el departamento del Atlántico registró un aumento significativo en la violencia con 282 homicidios entre enero y marzo, superando los 231 casos del mismo periodo en 2025. Marzo fue particularmente crítico con 93 muertes violentas, siendo la mayoría de los casos sicariatos vinculados a disputas de bandas criminales, concentrados en Barranquilla y Soledad.
Extorsión en ascenso: Las denuncias por extorsión han crecido más de un 30%, asfixiando al pequeño comerciante en municipios como Soledad y Malambo, y expandiéndose ahora con fuerza hacia el centro y sur del departamento.
Control territorial: Se estima que al menos tres estructuras criminales de alto impacto (incluyendo facciones de Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo) se disputan el control de las rutas del narcotráfico y el microtráfico en los municipios ribereños.
2. El vacío de poder: Un Gobernador en la sombra
La crisis de seguridad tiene un agravante: la ausencia de liderazgo. Mientras las familias de Sabanagrande lloran a sus muertos, la figura del Gobernador Eduardo Verano de la Rosa parece desdibujada. La seguridad no se gestiona desde un despacho con comunicados tibios; se lidera en el territorio. La percepción ciudadana es de un abandono sistemático, donde la institucionalidad reacciona al cadáver, pero no previene el disparo.
3. La Tasa de Seguridad: ¿Un impuesto al miedo?
El punto más crítico de la indignación popular recae sobre la Tasa de Seguridad y Convivencia. Los ciudadanos del Atlántico pagan puntualmente un tributo destinado, supuestamente, a dotar a la fuerza pública y fortalecer la inteligencia. Sin embargo, los resultados son inversamente proporcionales al recaudo:
¿Dónde están las cámaras? El sistema de vigilancia departamental presenta fallas técnicas crónicas.
¿Dónde está la movilidad? A pesar de la entrega de motocicletas, el tiempo de respuesta en los municipios sigue siendo insuficiente.
¿Tasa de seguridad a tasa de homicidisos?
El fracaso del cobro: Hoy, la Tasa de Seguridad es percibida como una estafa institucional. Es inaceptable que el departamento sea más rico en recaudación y más pobre en protección.
Veredicto: Un departamento al límite
Atlántico ya no aguanta más consejos de seguridad de fachada que terminan en fotos de gabinete y promesas de recompensas que nadie cobra. Si la estrategia actual no puede detener una masacre goteada en 48 horas, la estrategia debe morir con los muertos que no pudo evitar.
La administración departamental debe decidir si seguirá siendo un espectador de la tragedia o si finalmente asumirá que el orden público se le escapó de las manos. La sangre que corre por Sabanagrande, Sabanalarga y Baranoa no solo mancha el pavimento, mancha la gestión de un gobierno que parece haber olvidado que su primera obligación es proteger la vida.
Justicia no es capturar después del entierro; seguridad es que no haya entierro.