Lo que debía ser un símbolo de educación y progreso en el Catatumbo se convirtió en un fiasco administrativo: cuatro meses después de la inauguración del colegio-universidad de El Tarra por el presidente Gustavo Petro, las aulas siguen cerradas por falta de servicios públicos básicos.
El 3 de diciembre de 2025, Petro celebró la apertura de 11 aulas modulares, en medio de ovaciones, seguridad y música vallenata, prometiendo educación básica, media y superior para 391 estudiantes y 220 jóvenes inscritos en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Sin embargo, desde aquel día, las aulas permanecen acumulando polvo y sin uso.
El motivo principal: no tienen agua potable, alcantarillado ni electricidad. Las culpas se reparten entre la Alcaldía de El Tarra, el contratista de la obra —Técnicas Innovadoras en Construcción— y la empresa de servicios públicos Espta, que primero aseguró disponibilidad de acueducto y alcantarillado y luego cambió su concepto, alegando que el acueducto municipal no cubre la zona.
El FFIE, encargado de financiar la obra, decidió continuar con la construcción para no indemnizar al contratista con 384 millones de pesos. Mientras tanto, la Alcaldía solo comenzó a ejecutar la línea de acueducto necesaria dos meses y medio después de la entrega de la obra, firmando contrato con Proexi Ingeniería el 9 de diciembre y proyectando la conexión de agua potable para el 2 de mayo, casi cinco meses después de la inauguración.
En cuanto a la electricidad, el sector sí tiene redes, pero la conexión al sistema sigue en proceso de revisión técnica. Si todo avanza según lo previsto, podría estar lista en un mes.
El Instituto Superior de Educación Rural (ISER), que debía recibir el colegio en comodato, tampoco ha podido adquirir mobiliario ni equipamiento de laboratorios, pese a contar con un presupuesto superior a 2.700 millones de pesos desde enero.
En medio de este caos, las partes se culpan mutuamente: el FFIE señala a la Alcaldía y a Espta de obstaculizar la obra; la administración municipal acusa al contratista de no participar en reuniones para solucionar el problema.
El veedor Yeison Pérez advierte que la responsabilidad última recae en la Alcaldía, que debe garantizar los servicios básicos. “Están jugando con la necesidad de los estudiantes y del municipio. Falta voluntad de la administración municipal”, señaló.
Mientras tanto, los 200 estudiantes inscritos en el ISER siguen esperando poder iniciar clases, trasladados temporalmente a la institución Monseñor Díaz Plata, que actualmente se encuentra en ampliación.
El caso del colegio-universidad de El Tarra deja un precedente preocupante sobre cómo se ejecutan proyectos educativos en zonas afectadas por el conflicto, donde la educación debía ser un faro de esperanza y progreso.