Durante casi todo el mes de noviembre, Supergiros, la empresa encargada de gestionar transferencias monetarias en más de 25.000 oficinas en Colombia, ha estado bajo la amenaza constante del grupo paramilitar Clan del Golfo. Esta peligrosa situación se ha concentrado especialmente en la región Caribe, donde el grupo criminal tiene mayor presencia y control territorial.
El 4 de noviembre, un acto de violencia estremeció el municipio de Bosconia, Cesar, cuando un sicario asesinó a una trabajadora de Supergiros en pleno día, frente a dos clientes que presenciaron el hecho. Los ataques no se detuvieron allí. El pasado viernes, otra empleada de la empresa fue atacada a balazos en Luruaco, Atlántico, y al día siguiente fue otra trabajadora en Barranquilla. Según Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, gremio que agrupa a las empresas postales del país, «ya son 14 oficinas baleadas en un mes».
Una extorsión visible y desafiante
La empresa ha recibido constantes panfletos con órdenes de cerrar sus puntos de atención en varias ciudades de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira, zonas donde el Clan del Golfo extorsiona a las empresas locales para financiar sus actividades ilícitas. Carreño afirmó que detrás de estos ataques hay claros fines extorsivos, y aunque la empresa no cede a las demandas de los criminales, la situación se ha vuelto insostenible. Como resultado, Supergiros ha cerrado temporalmente 3.000 puntos de atención en la región Caribe, una decisión que afecta directamente a los colombianos más vulnerables que dependen de estos servicios para realizar pagos, recibir subsidios y realizar giros.
El impacto de esta extorsión es significativo, ya que Supergiros opera en 1.100 municipios, siendo corresponsal de varios bancos que permiten a los ciudadanos realizar operaciones bancarias, especialmente en zonas donde la red bancaria tradicional no llega. «La red de los bancos privados llega a un número mucho menor de municipios que nosotros, y somos una de las pocas opciones para las personas de sectores rurales y periféricos», señaló Carreño en entrevista con Caracol Radio.
El Clan del Golfo y su estrategia de diversificación
Este tipo de extorsión no es nuevo para el Clan del Golfo, pero lo que destaca en este caso es la visibilidad pública de las amenazas, lo que obliga al Gobierno a tomar decisiones rápidas y concretas. Luis Fernando Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, explicó que esta estrategia de extorsión pública pone en evidencia la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos ilegales del grupo, alejándose de sus actividades tradicionales como el narcotráfico y la minería ilegal, para involucrar a empresas como Supergiros en su red de extorsión.
Según Trejos, la presión sobre la empresa no solo tiene un impacto directo sobre la seguridad económica de las personas, sino que también desafía al gobierno, que ahora debe actuar para proteger tanto a los trabajadores de Supergiros como la estabilidad del sistema económico en la región Caribe.
Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, señala que este tipo de extorsión, que afecta a una variedad de empresas, tanto grandes como pequeñas, muestra cómo el Clan del Golfo se ve a sí mismo como una «mini DIAN» de la economía ilegal, donde todas las empresas, sin importar su tamaño, deben pagar una cuota basada en sus ingresos y actividad comercial.
La respuesta del Gobierno y la importancia de la protección
Ante esta creciente amenaza, el Gobierno Nacional ya se ha comunicado con Supergiros para coordinar una estrategia especial de protección para sus empleados y trabajadores. Además, la defensora del Pueblo ha hecho un llamado para proteger a las mujeres trabajadoras de la empresa, que se exponen a grandes riesgos al estar solas en los puntos de atención.
El ataque contra Supergiros ha puesto de manifiesto un problema silencioso que afecta a muchas empresas en el país, desde pequeños negocios locales hasta grandes corporaciones. Lo que está sucediendo con esta empresa postal, sin embargo, tiene una relevancia mayor por la visibilidad pública que ha adquirido, lo que podría marcar un punto de inflexión en la forma en que el crimen organizado extorsiona a la economía legal en Colombia.
La situación actual pone en evidencia la fragilidad del Estado en ciertas regiones del país y subraya la importancia de que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las instituciones públicas y privadas que operan en zonas de alta influencia criminal. El desafío es grande, pero la visibilidad del caso también puede convertirse en una oportunidad para que el Gobierno actúe de manera más decidida y contundente contra el crimen organizado.
