El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, solicitó suspender el proceso de licitación LP-2026-003 por $2.000 millones que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, hasta que se aclaren varios interrogantes relacionados con posibles irregularidades.
La petición fue dirigida al director de la entidad, Jesús León Insignares, a quien le solicitó explicar detalles del proceso actual y de contrataciones realizadas en años anteriores, en las que —según lo expuesto— se habría favorecido a una empresa en particular.
Cuestionamientos al proceso
El contrato, que tiene un valor cercano a los $2.000 millones y un plazo de ejecución de nueve meses, busca la prestación de servicios logísticos, administrativos e institucionales para apoyar las actividades de la entidad.
Sin embargo, Idárraga puso bajo la lupa la participación de la empresa JK’ Films S.A.S., la cual habría sido contratada de manera directa en dos ocasiones durante 2025, presuntamente evitando el proceso de licitación pública.
El funcionario solicitó documentación que respalde la idoneidad, experiencia y capacidad financiera de dicha empresa, así como las razones que justificaron su contratación directa.
Dudas sobre requisitos y transparencia
Otro de los puntos críticos señalados tiene que ver con los requisitos establecidos en la actual licitación. Según Idárraga, no se incluyó el indicador financiero de capital de trabajo, lo que —a su juicio— es clave para garantizar la ejecución del contrato, especialmente al no contemplarse un anticipo.
Además, cuestionó la exigencia de un perfil profesional específico en comunicación social y medios digitales, lo que podría limitar la participación y favorecer a egresados de una institución en particular, afectando la pluralidad de oferentes.
Llamado a control
El secretario también pidió a la Procuraduría General de la Nación evaluar la suspensión del proceso hasta que se esclarezcan todos los puntos señalados.
Por ahora, la adjudicación del contrato está prevista para el próximo 7 de abril, mientras crece la presión para que la CRA entregue explicaciones claras sobre el manejo de este proceso contractual.