La investigación de la muerte del médico ginecólogo Ricardo Rodríguez a manos de su primo, el abogado penalista Nilson Solano, ha causado gran revuelo en el Departamento de La Guajira. Lo que comenzó como un hecho aislado de violencia, ha dado paso a una compleja trama de manipulación judicial, influencias y relaciones personales que involucran a actores clave dentro del sistema de justicia penal de la región.
En medio de las indagaciones, la figura de Deysi Mengual, fiscal en la ciudad de Riohacha en el Departamento de la Guajira y compañera permanente de Nilson Solano, ha saltado a la luz por sus posibles implicaciones en el caso, lo que ha motivado la intervención de la fiscalía general de la Nación para investigar posibles manipulaciones dentro del proceso.
El pasado 13 de octubre de 2024, la tranquilidad del municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira, se vió perturbada por un trágico suceso: Nilson Solano, abogado penalista quien goza de prestigio en la región, disparó contra su primo, el médico ginecólogo Ricardo Rodríguez, causándole la muerte. Según las primeras versiones oficiales, el altercado ocurrió en el domicilio del papa de la ex esposa de Nilson Solano, con quien el ya no convivia, de acuerdo a los comentarios de personas cercanas a la familia, aunque contexto aún se encuentra bajo investigación.
Las versiones difieren sobre el origen de la disputa, aunque esta investigación ha encontrado que algunos vecinos del municipio sugieren que debido al grave estado de alicoramiento en el que se encontraba el imputado Nilson Solano, previa a las discusiones con el papa de su ex esposa y tensiones de larga data entre ambos, desencadenaron el trágico suceso. La versión oficial, por su parte, habla de una discusión que escaló rápidamente, llevando al abogado a recurrir a sacar su arma de fuego y quien recibió la descarga de su ira fue su propio primo y compadre, quien se encontraba en el lugar equivocado.
En medio del dolor y la sorpresa que causó el crimen, la justicia no tardó en actuar. La juez de primera instancia Lesly Choles, quien conoció el caso decidió enviar al penalista Solano a prisión dictándole medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras se esclarecen los hechos correspondientes. La decisión fue tomada de manera rápida, dado que se trataba de un caso de connotación nacional y la necesidad de garantizar la transparencia del proceso judicial.
No obstante, lo que parecía ser un procedimiento judicial normal ha generado aún más dudas sobre el manejo del caso
A pesar de que la juez de primera instancia imputó a Nilson Solano por homicidio doloso, decretando medida de aseguramiento en centro carcelario, el abogado no ha sido trasladado al penitenciario correspondiente.
Sorprendentemente, más de un mes después de la orden judicial, Solano siguió recluido en la estación de policía de Barrancas, en La Guajira, una situación que ha dejado perplejos a familiares, testigos y expertos en el ámbito judicial.
Incumplimiento de la orden judicial:
Uno de los elementos más llamativos del caso ha sido el incumplimiento de la orden judicial dictada por la juez penal del municipio de Barrancas, quien, tras la imputación de Nilson Solano por homicidio doloso, ordenó su traslado inmediato a la cárcel de Riohacha. Sin embargo, la suscrita logró establecer que Solano fue trasladado CAIMEG Centro de atención integral para menores infractores, pese a las presiones ejercidas por la familia de la víctima y su apoderado, no se ha logrado que las autoridades cumplan con lo ordenado por la juez, a pesar de que la medida fue tomada con el objetivo de garantizar la transparencia y la celeridad en el proceso judicial.
El abogado Juan Pablo Molina representante de la víctima y de la familia de Rodríguez Polanco, ha realizado diversas solicitudes formales para que se cumpla con la orden de traslado del señalado asesino a una cárcel. Estas peticiones han sido enviadas a varias entidades, incluyendo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación. En las solicitudes, el abogado ha exigido que se dé cumplimiento inmediato a la orden de la juez de Barrancas o en su defecto, que se expliquen las razones que conllevaría a un desacato judicial.
Intervención de la Procuraduría
Ante el incumplimiento persistente, la Procuraduría General de la Nación intervino en el caso, requiriendo al INPEC una explicación detallada sobre las razones de la demora en el traslado de Nilson Solano a la cárcel de Riohacha. La Procuraduría solicitó, además, que se diera trámite a la orden judicial o que, en caso de no ser posible, se presentara una justificación clara y documentada sobre el retraso. Esta intervención subraya la gravedad de la situación y pone de relieve la falta de coordinación y eficiencia entre las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la ley.
El incumplimiento de la orden judicial y la intervención de la Procuraduría refuerzan las dudas sobre la imparcialidad del proceso y la existencia de posibles influencias externas que podrían estar impidiendo que se haga justicia de manera efectiva. La falta de acción por parte del INPEC, aun cuando la orden judicial es clara, sugiere una posible inercia o incluso complicidad dentro del sistema penitenciario, lo que genera una mayor desconfianza en las instituciones encargadas de velar por la transparencia judicial.
Esta negligencia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha suscitado serias preocupaciones sobre la eficiencia y transparencia de las instituciones responsables. El hecho de que la orden judicial no se haya cumplido, generando un ambiente de impunidad y corrupción, ha aumentado la desconfianza en el sistema judicial y en las autoridades penitenciarias de la región.
¿Conflicto de Intereses?
Deysi Mengual, fiscal en la ciudad de Riohacha, es compañera permanente de Nilson Solano. A lo largo de los últimos años, Mengual ha sido una figura clave dentro del sistema judicial penal en el departamento, conocida por su influencia y su capacidad de manejar casos delicados con un aparente control absoluto. Sin embargo, la cercanía entre Mengual y Solano, tanto en lo personal como en lo profesional, ha suscitado serias dudas sobre su imparcialidad en el caso de la muerte de Ricardo Rodríguez.
Lado derecho es juez Roberto Rodríguez de Sanjuan
Fuentes cercanas al entorno judicial han comenzado a señalar que Deysi Mengual podría haber utilizado su posición como fiscal para favorecer a su pareja, Nilson Solano, quienes justo antes de suceso al parecer estuvieron relacionados en diferentes procesos judiciales de las cuales supuestamente han obtenido cuantiosas ganancias.
Pruebas documentales, encontradas en esta investigación, han demostrado una serie de solicitudes judiciales conjuntas entre Mengual y Solano en casos anteriores, lo que evidencia la interdependencia profesional entre ambos. Un ejemplo claro de este vínculo, sería el caso en el que Nilson Solano, como abogado defensor y Deysi Mengual, como fiscal solicitante, tramitaron una audiencia preliminar relacionada con la entrega de un vehículo. En esta solicitud, tanto Solano como Mengual, con roles opuestos en el proceso (defensa y fiscalía), algo que es altamente inusual y éticamente cuestionable, dada su relación personal.
Este tipo de maniobras, en las que ambos actores clave del sistema judicial están involucrados en un proceso de forma tan estrecha, muestra un claro conflicto de intereses. La ley establece que los fiscales y defensores deben ser completamente independientes y evitar cualquier tipo de situación que pueda comprometer su imparcialidad. El hecho de que Mengual y Solano no solo estén vinculados personalmente, sino que también hayan trabajado juntos en procesos judiciales previos, podría estar afectando la justicia en este así como en otros que hayan manejado. Este tipo de alianzas comerciales o procesales podría interpretarse como un uso indebido de sus posiciones para obtener beneficios mutuos, lo que pone en duda la imparcialidad de sus actuaciones.
Para el caso puntual que involucra a su compañero permanente con el asesinado del doctor Ricardo Rodríguez, según las investigaciones realizadas y testimonios obtenidos, Mengual habría intentado influir en la decisión de fiscales que llevarían el caso, buscando minimizar las posibles consecuencias legales para Solano.
Manipulación del Caso: La Intervención de la fiscalía general
Las sospechas de manipulación del proceso fueron suficientes para que la fiscalía general de la Nación interviniera en el caso. Ante las denuncias de posibles conflictos de interés, la Fiscalía solicitó la designación de un fiscal especial de otra jurisdicción para asumir la investigación, con el fin de garantizar la transparencia y la imparcialidad.
La intervención de un fiscal externo a La Guajira responde a las crecientes preocupaciones sobre la influencia de Deysi Mengual en los procedimientos legales. Las fuentes indican que, debido a la presión pública y el escrutinio de los medios de comunicación, la Fiscalía decidió actuar con rapidez para evitar que el caso se viera empañado por una posible manipulación judicial.
El Vínculo Familiar: Un Caso de Influencias Personales
Además de la relación profesional entre Nilson Solano y Deysi Mengual, se constató detalles sobre sus vida personales. La unión amorosa entre ambos ha sido tradicionalmente privada, pero en los últimos años ha sido evidente su unión marital de hecho, no es posible ocultar la existencia de su hijo menor, ni tampoco que la pareja también está a la espera de un segundo bebé, lo que ha sumado un contexto emocional a la trama, alimentando aún más las sospechas de que la justicia podría estar siendo influenciada por la red de relaciones familiares y profesionales que tendrían a los protagonistas.
Aunque el tema se centra en un acto de muerte violenta, las conexiones personales entre Solano, Mengual y otros actores clave del sistema judicial de la región no pueden pasar desapercibidas las relaciones personales con jueces. De hecho, algunos analistas conocedores de la materia han señalado que existe un alto grado de impunidad por los supuestos nexos que existen entre, abogados, fiscales y jueces en el departamento de la Guajira, lo que ha provocado alto grado de impunidad en la hora de administrar justicia.
Implicaciones y Consecuencias
El caso de Nilson Solano y Deysi Mengual pone en evidencia varias problemáticas del sistema judicial en La Guajira. Por un lado, resalta la vulnerabilidad de los procesos judiciales frente a los intereses personales y familiares de actores clave dentro del sistema. Por otro, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de los mecanismos de control y supervisión en las áreas de la justicia penal, especialmente en regiones donde el poder está concentrado en un pequeño grupo de personas influyentes.
El papel de la fiscalía general de la Nación, así como el de los jueces de la República, será determinante en los próximos meses, ya que tendrá que asegurarse de que el proceso sea llevado a cabo con total transparencia y sin interferencias. Si se confirma que ha existido manipulación o abuso de poder, se podrían desencadenar una serie de investigaciones y sanciones que afectarían a varios funcionarios incluyendo la sospechosa apelación del procurador Flavio Rojas, a quién se le viene una posible investigación disciplinaria. Información que se está confirmando por parte de este medio de comunicación.
Mientras tanto, la sociedad espera que la intervención de la fiscalía general, de la procuraduría de derecho humanos del nivel central, logre esclarecer las circunstancias del crimen y que se haga justicia no sólo en relación con el asesinato del médico Ricardo Rodríguez, sino también en cuanto a los posibles abusos de poder que podrían haber acompañado el proceso judicial.
El hecho de que, a pesar de la decisión judicial, Nilson Solano aún no haya sido trasladado al centro carcelario asignado y siga detenido en su lugar se encuentra recluido en una cárcel de menores, genera más dudas sobre la verdadera independencia de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las medidas interpuesta por una juez. La falta de acción por parte del INPEC, sumada a las presuntas manipulaciones dentro del proceso, subraya la necesidad urgente de una investigación exhaustiva sobre los posibles actos de corrupción que podrían estar ocurriendo en las instituciones responsables, para nadie es un secreto que en el departamento de la Guajira la impunidad reina y la justicia poco opera.
