Un fuerte debate comienza a surgir en el departamento del Atlántico tras conocerse la existencia de un crédito superior a 83.000 millones de pesos adquirido por la administración departamental en octubre del año pasado, un compromiso financiero que, según críticos y analistas, habría permanecido prácticamente desconocido para la opinión pública durante varios meses.
La operación crediticia, que compromete recursos del departamento por un plazo de 10 años, ha generado cuestionamientos hacia la administración del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, debido a lo que algunos consideran una falta de transparencia frente a una decisión que impactará las finanzas del Atlántico durante la próxima década.
Una deuda que podría superar los $150.000 millones
De acuerdo con estimaciones preliminares, al sumar intereses y costos financieros, el valor total que terminarían pagando los atlanticenses podría superar los 150.000 millones de pesos. Esto significa que el departamento terminaría pagando casi el doble del monto originalmente solicitado.
La operación habría sido realizada con Bancolombia, entidad que presuntamente estaría encargada del desembolso de los recursos. Sin embargo, una de las principales preguntas que hoy circula en distintos sectores políticos y ciudadanos es si el desembolso ya se realizó en su totalidad o si aún se encuentra en proceso.
La falta de información clara sobre este punto ha alimentado las críticas hacia la Gobernación.
El silencio que genera suspicacias
Uno de los aspectos que más inquieta a observadores y líderes locales es el tiempo transcurrido entre la firma del contrato y su conocimiento público. Si el crédito fue celebrado en octubre del año pasado, surge el interrogante de por qué solo ahora se conocen detalles del acuerdo financiero.
En materia de administración pública, las decisiones relacionadas con endeudamiento territorial suelen ser altamente sensibles, ya que comprometen vigencias futuras y afectan la capacidad fiscal de los gobiernos posteriores. Por ello, diversos sectores consideran que este tipo de operaciones deben comunicarse con absoluta claridad y oportunidad a la ciudadanía.
La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué no se socializó públicamente esta decisión desde el momento en que fue adoptada?
Transparencia y responsabilidad fiscal
El endeudamiento público no es, por sí mismo, negativo. De hecho, puede ser una herramienta legítima para financiar obras estratégicas, infraestructura o proyectos sociales que impulsen el desarrollo regional.
Sin embargo, la legitimidad de estas decisiones depende en gran medida de tres factores fundamentales:
- Transparencia en la información
- Claridad sobre el destino de los recursos
- Sostenibilidad fiscal a largo plazo
Cuando alguno de estos elementos no queda suficientemente claro, inevitablemente se abre espacio para la desconfianza ciudadana.
En este caso, aún persisten interrogantes clave:
- ¿Cuál es exactamente el destino de los 83.000 millones de pesos?
- ¿Qué proyectos específicos se financiarán con ese crédito?
- ¿El desembolso ya fue realizado o está pendiente?
- ¿Por qué el contrato solo se conoce públicamente meses después de haberse firmado?
El costo político del endeudamiento
La discusión también toca un tema más amplio: el modelo de gestión pública que se ha defendido durante años en el Atlántico bajo la bandera del llamado “progreso”.
Para algunos sectores críticos, el crecimiento basado en grandes inversiones y proyectos financiados con deuda puede convertirse en un problema si no existe una vigilancia rigurosa sobre el manejo de los recursos.
En ese sentido, advierten que el verdadero desarrollo no se mide únicamente por la magnitud de las obras o por el volumen de dinero invertido, sino por la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad con las finanzas públicas.
La necesidad de explicaciones claras
Ante este panorama, diversos sectores consideran que la Gobernación del Atlántico debería ofrecer una explicación pública detallada sobre el crédito adquirido: sus condiciones financieras, su ejecución y los beneficios concretos que generará para el departamento.
Más que un debate político, lo que está en juego es la confianza ciudadana en la gestión pública. Cuando se trata de recursos que deberán pagar los atlanticenses durante los próximos diez años, la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación.