Esta situación viene sucediendo a partir de la administración del expresidente Iván Duque y hasta ahora se detectó.
Recientemente, se ha generado controversia sobre un posible direccionamiento en la contratación pública para la adquisición de ambulancias, tras la publicación en la plataforma Colombia Compra Eficiente.
Según los informes, la normativa vigente en el portal estatal solo permite a los compradores como hospitales públicos, Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), alcaldías, gobernaciones y el Ministerio de Salud adquirir vehículos con características muy específicas: deben ser vehículos de chasis marca Nissan, motor gasolina y carrocería de la empresa Carrocera Alfa Ambulancias.
Este tipo de especificación, según denuncian expertos y algunos actores del sector, excluye a otros oferentes y limita la competitividad en el proceso de adquisición, lo que podría perjudicar la calidad de las ambulancias y, por ende, afectar el servicio de salud pública en el país.
Además, se indica que la marca Nissan, que solo es vendida a través de Distribuidora Nissan S.A., es la única autorizada en esta licitación. Este hecho genera dudas sobre la transparencia del proceso, pues solo una empresa tiene acceso a una licitación que involucra la compra de vehículos de emergencia esenciales para el sistema de salud pública.
Por otro lado, también se señala que el Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), expidió una resolución que establece que los vehículos contratados por el Estado deben cumplir con la norma Euro 6.
Esta normativa es conocida por sus estrictos requisitos ambientales. Sin embargo, las únicas marcas que cumplen con estas exigencias son Nissan, Toyota de Colombia y Alborautos, lo que cierra aún más las puertas a la participación de otros fabricantes de ambulancias.
Limitación en la compra de ambulancias para las regiones: ¿Una causa de muertes por falta de atención médica en zonas alejadas?
La contratación pública para la adquisición de ambulancias en Colombia ha sido foco de controversia, tras la publicación de los requisitos de compra en la plataforma Colombia Compra Eficiente, que aparentemente limitan las opciones de adquisición de vehículos para los hospitales públicos y las E.S.E. en diferentes regiones del país. Esta situación ha generado serias preocupaciones sobre el impacto que esta restricción podría tener en la atención de salud en zonas apartadas, donde las ambulancias son vitales para salvar vidas.
Los expertos y organizaciones en el sector de la salud, sostienen que los actuales requisitos de contratación solo permiten que los hospitales públicos y otras entidades del Estado adquieran ambulancias con chasis de marca Nissan, motor gasolina y carrocería de la empresa Carrocera Alfa Ambulancias. Esta restricción, que favorece a una sola marca y proveedor, limita la posibilidad de que otras empresas participen en los procesos de licitación y deja fuera a opciones de vehículos con características similares o incluso mejores para las necesidades del sistema de salud pública.
Lo más preocupante es que, al estar restringida la compra de ambulancias a una sola opción, las regiones más alejadas del país enfrentan dificultades adicionales para acceder a estos vehículos de emergencia, los cuales son esenciales para garantizar atención médica oportuna, especialmente en áreas rurales y apartadas donde la cobertura de salud es escasa y los tiempos de respuesta son más largos.
En muchas ocasiones, la falta de ambulancias adecuadas y disponibles ha sido señalada como un factor contribuyente en el incremento de muertes por falta de atención médica oportuna, especialmente en situaciones de emergencia o para pacientes que necesitan ser trasladados rápidamente a centros médicos. Las regiones que ya sufren de una infraestructura de salud deficiente se ven aún más afectadas por estas restricciones, lo que pone en riesgo la vida de miles de colombianos.
A su vez, se menciona que la resolución del Ministerio de Transporte, que exige que los vehículos contratados por el Estado cumplan con la norma Euro 6, también limita la participación de otras marcas que podrían ofrecer ambulancias de alta calidad a precios más accesibles para las regiones. Solo Nissan y Toyota cumplen con estos requisitos, dejando fuera a otros fabricantes que podrían ofrecer vehículos igualmente eficaces para atender las emergencias en el país.
La falta de flexibilidad en las licitaciones y las limitaciones a la competencia en este tipo de procesos podrían estar contribuyendo a que muchas regiones no cuenten con las ambulancias necesarias para garantizar un servicio de salud eficiente. Esto no solo incrementa la brecha entre las zonas urbanas y rurales, sino que también pone en evidencia las deficiencias en la planeación y la gestión de los recursos públicos destinados a la salud.
En respuesta a esta situación, sectores de la oposición y organizaciones de salud han solicitado al Gobierno Nacional una revisión urgente de los términos de contratación y una apertura en las licitaciones para permitir la participación de otros oferentes. La democratización de la contratación pública es crucial para que las regiones, especialmente las más alejadas, puedan acceder a equipos médicos y vehículos de emergencia adecuados para garantizar la vida de los ciudadanos.
Mientras tanto, la comunidad sigue pidiendo soluciones inmediatas para evitar más muertes evitables, un llamado que pone de relieve la urgente necesidad de tomar decisiones que prioricen la salud y el bienestar de los colombianos en todas las regiones del país.
Es así como reiteran expertos en contratación pública que, este tipo de restricciones afecta la democratización de la contratación pública y favorece a unas pocas empresas, restringiendo la competencia. La falta de pluralidad en los oferentes no solo limita las opciones disponibles, sino que también podría generar un aumento en los precios, perjudicando a los entes públicos en su tarea de garantizar los mejores servicios a la ciudadanía.
En este sentido, organizaciones y líderes políticos han hecho un llamado al Gobierno para que se revise el proceso y se flexibilicen los términos de la licitación, permitiendo la participación de otros fabricantes que también podrían ofrecer vehículos de calidad y con condiciones acordes a la normativa vigente, en beneficio del sistema de salud del país.
El debate sobre este tema subraya la necesidad de garantizar un proceso de contratación pública más transparente, equitativo y competitivo, que favorezca a los ciudadanos, quienes al final son los principales beneficiarios del servicio público de salud.
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