Una diligencia judicial que podría marcar un punto de inflexión en el panorama criminal del Caribe colombiano comenzó a desarrollarse en Barranquilla. Se trata de una macroaudiencia en la que familiares de más de 130 víctimas atribuidas a la estructura criminal ‘Los Costeños’ fueron citados para conocer los términos de un posible preacuerdo judicial que implicaría una rebaja de pena para su máximo jefe, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’.
La actuación se adelanta ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y consiste en la llamada verbalización de preacuerdo, un procedimiento mediante el cual la Fiscalía y la defensa presentan ante un juez los términos de un acuerdo de aceptación de cargos que permitiría cerrar anticipadamente el proceso penal.
Un proceso que involucra más de un centenar de víctimas
De acuerdo con documentos judiciales, al menos 133 víctimas —entre fallecidos y personas lesionadas— están vinculadas a este expediente. Por esta razón, sus familiares fueron convocados para escuchar en audiencia pública los detalles del eventual acuerdo entre el ente acusador y la defensa del procesado.
Entre los casos incluidos en el proceso aparecen algunos de los episodios de violencia más impactantes ocurridos en Barranquilla y su área metropolitana en los últimos años, lo que convierte esta diligencia en uno de los procesos judiciales más complejos relacionados con estructuras criminales en la región.
Entre los hechos que hacen parte del expediente se encuentran:
- La masacre del barrio San José, registrada en mayo de 2022 en el suroriente de Barranquilla.
- La masacre del barrio Las Flores, ocurrida en septiembre de 2022, donde seis jóvenes fueron asesinados y tres más resultaron heridos.
- La masacre del barrio El Santuario, en enero de 2023, que dejó cuatro muertos y siete heridos.
- El asesinato de la familia Vega Daza, ocurrido en junio de 2023 en el conjunto residencial North Frontier, en Villa Campestre, Puerto Colombia.
Estos casos, junto con otros homicidios y ataques armados, forman parte del proceso penal que la Fiscalía adelanta contra Díaz Collazos.
Delitos y alcance de la investigación
Las investigaciones atribuyen a alias ‘Castor’ responsabilidad en una serie de delitos graves, entre ellos homicidio agravado, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, amenazas a servidores públicos y hurto calificado, entre otros.
Autoridades policiales han señalado en distintas oportunidades que el jefe de ‘Los Costeños’ estaría vinculado a más de 100 homicidios y al menos 10 masacres, lo que lo ubica como uno de los principales responsables de la escalada de violencia que ha golpeado a Barranquilla y municipios cercanos durante la última década.
Las investigaciones también sostienen que varios de estos crímenes habrían sido ordenados desde el exterior, cuando el cabecilla se encontraba recluido en Venezuela, lo que evidencia el alcance transnacional de la estructura criminal.
Un proceso con impacto en la seguridad regional
Más allá del aspecto jurídico, la audiencia tiene implicaciones directas en el escenario de seguridad del Atlántico. Analistas consideran que un eventual preacuerdo podría representar un intento del sistema judicial por acelerar condenas contra líderes de estructuras criminales, aunque también abre un debate sobre el alcance de los beneficios judiciales en casos de alto impacto social.
El proceso ocurre además en un contexto complejo: la tregua informal entre las estructuras ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ terminó a comienzos de 2026, lo que ha generado un nuevo aumento de hechos violentos en Barranquilla y su área metropolitana.
Entre justicia y posibles escenarios de negociación
El caso también se cruza con los acercamientos exploratorios de paz que el Gobierno nacional autorizó en 2025 con algunas estructuras criminales, entre ellas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, con el objetivo de evaluar eventuales procesos de sometimiento o desescalamiento de la violencia.
Sin embargo, desde que finalizó la tregua entre ambas organizaciones, los indicadores de homicidio y confrontación armada han mostrado señales de recrudecimiento, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de cualquier intento de diálogo.
En este contexto, la macroaudiencia contra alias ‘Castor’ se convierte en un proceso clave no solo para las víctimas, sino también para la estrategia de seguridad en Barranquilla, donde la desarticulación o debilitamiento de estas estructuras sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.
Por ahora, el juez deberá evaluar los términos del eventual acuerdo y escuchar a las partes, mientras las familias de las víctimas esperan que el proceso judicial avance hacia decisiones que garanticen verdad, justicia y reparación.