Por David Awad V.
En medio de las crecientes alertas sobre riesgos electorales en más de 100 zonas del país, el jurista constitucionalista Porfirio Castillo Alzamora en las últimas horas expresó su punto de vista, a la vez que lanzó fuertes cuestionamientos sobre el estado de la democracia colombiana y la capacidad del Estado para garantizar unas elecciones libres y seguras.
Durante una entrevista previa a la jornada electoral de este domingo, el abogado señaló que los principales riesgos no solo están en el eventual fraude, sino en la seguridad, la compra de votos y la coacción a electores y jurados.
“El verdadero riesgo está en la seguridad”
Castillo advirtió que el país enfrenta un deterioro del orden público que pone en jaque la transparencia del proceso. Según afirmó, los atentados contra candidatos, las extorsiones y las amenazas a jurados y votantes reflejan una incapacidad del Estado para garantizar la vida y la libre participación política.
“El verdadero riesgo de la democracia está en la seguridad. No se puede hablar de voluntad popular cuando las personas votan bajo miedo”, sostuvo.
El constitucionalista cuestionó que mientras se discute sobre posibles fraudes, se deja de lado el fenómeno de la compra masiva de votos y la presión ejercida por estructuras ilegales en distintas regiones del país.
Compra de votos y debilidad institucional
El jurista también se refirió a la persistencia de prácticas como la compra de sufragios, que —según dijo— son conocidas por las autoridades, pero no reciben una respuesta contundente.
A su juicio, la falta de acción frente a estas conductas erosiona la legitimidad de las instituciones y convierte la política en un negocio costoso que excluye a quienes no cuentan con recursos económicos o respaldo de estructuras clientelistas.
“La democracia se volvió un renglón de la economía perversa”, afirmó, al advertir que el alto costo de las campañas y la proliferación de partidos políticos afectan el derecho fundamental a elegir y ser elegido.
Coacción y control territorial
Castillo también expresó preocupación por el control territorial de grupos ilegales en algunas zonas del país, donde —según denunció— se exige pago para hacer campaña o incluso para instalar publicidad política.
En su análisis, la falta de monopolio estatal sobre las armas y el aumento de la extorsión agravan el panorama electoral, al generar un ambiente de intimidación que limita la libertad del votante.
Llamado a la Fiscalía y al Gobierno
El abogado hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que asuma un papel más activo en la persecución de delitos electorales, especialmente frente a organizaciones dedicadas a la compra de votos.
Asimismo, pidió al Gobierno nacional reforzar las garantías de seguridad para que el proceso refleje verdaderamente la voluntad popular.
Finalmente, Castillo concluyó que la democracia requiere decisiones firmes y autoridad legítima para frenar la corrupción y la violencia política. “Cuando los problemas no se controlan, se hacen más grandes”, advirtió.