El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrenta a serias acusaciones que han trascendido fronteras, situándolo en el foco de atención mundial. Se le acusa de convivir con menores de edad y de abusar sexualmente de ellas durante su residencia en Argentina entre 2019 y 2020. La denuncia proviene de Angélica Ponce, una exdirigente cercana a Morales, quien reveló que al menos cuatro menores habrían vivido con el exmandatario, bajo la protección del gobierno argentino de Alberto Fernández.
Ponce ha afirmado que estas menores actuaban como «jefas de gabinete» o «sirvientas» y que esta situación era ampliamente conocida por el círculo cercano de Morales, aunque muchos optaron por guardar silencio. Sus declaraciones han resonado en la opinión pública, indicando que «nadie puede callar más«, y acusando a Morales de recibir a estas menores como «regalos» de quienes buscaban favores políticos.
Las acusaciones han generado un fuerte clamor en Bolivia y han llamado la atención de organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes exigen una respuesta adecuada de las autoridades. La Fiscalía boliviana ya había iniciado una investigación en 2020 relacionada con un caso similar que involucraba a una joven de 15 años que mantuvo una relación con Morales y quedó embarazada.
Protestas masivas y bloqueos en apoyo a Morales
La respuesta de los seguidores de Morales ha sido intensa. Han organizado protestas y bloqueos de carreteras en varias regiones, argumentando que el exmandatario es víctima de una persecución política por parte del actual gobierno de Luis Arce. Las manifestaciones, que han sido reportadas en medios internacionales, han interrumpido el tránsito en importantes vías que conectan ciudades como La Paz y Santa Cruz.
A pesar de los llamados al diálogo por parte del gobierno, las protestas continúan, y Morales, que se encuentra en su bastión político de Villa Tunari, ha rechazado presentarse a declarar, alegando violaciones a sus derechos.
Investigaciones sobre una presunta red de trata de menores
La situación se complica aún más con la reciente emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Tarija, que ha vinculado a Morales con una presunta red de trata de menores y estupro. La denuncia de una joven de 19 años, Cindy, ha sido clave en este caso. Cindy afirma que, cuando tenía 15 años, fue obligada a mantener relaciones sexuales con Morales, lo que resultó en un embarazo.
Además, las investigaciones sugieren la existencia de una «guardia juvenil presidencial«, compuesta por adolescentes, que habrían sido explotados sexualmente bajo la supervisión del entorno de Morales. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ha confirmado que hay otras denuncias similares en curso, lo que ha provocado un escándalo que resuena a nivel internacional.
Las acusaciones contra Evo Morales han llevado a una creciente presión para que las autoridades bolivianas actúen con firmeza, destacando la importancia de garantizar la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. La situación se está observando de cerca en el ámbito internacional, donde las implicaciones de estas acusaciones podrían afectar la imagen y el legado del exmandatario.
