En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso sanción de 30 días de multa al subteniente de la Policía Nacional, Nelson Enrique Martínez Balceiro, y la patrullera, Yuliana Jaramillo Mazo, por uso innecesario de la fuerza con una ciudadana y dos menores de edad.
La autoridad disciplinaria evidenció que mientras la mujer venezolana, Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, reclamaba en el almacén Jon Sonen la liquidación a la que tenía derecho por su trabajo allí en meses anteriores, los agentes entraron al lugar de los hechos y sacaron a la mujer esposada junto a sus dos hijos.
Debido a esto, el organismo de control confirmó que los uniformados se extralimitaron en el uso de sus funciones durante el procedimiento policial y, además, generaron un perjuicio moral en las tres personas.
Asimismo, el ente de control comprobó que los disciplinados afectaron la imagen institucional y vulneraron los derechos de los niños quienes presenciaron los hechos desafortunados y desproporcionados.
Por lo tanto, el ente disciplinario calificó la falta de los servidores públicos como leve, a título de culpa gravísima.
