El Ministerio del Trabajo de Colombia publicó un proyecto de decreto que obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a trasladar más de $25 billones a Colpensiones, en el marco de la implementación de la reforma pensional.
La iniciativa ha generado un nuevo debate en el sector financiero y pensional, especialmente por la administración de esos recursos. Desde Asofondos advirtieron que la ley establece que dichos dineros deberían ser administrados por el Banco de la Republica de Colombia, lo que, según el gremio, plantea interrogantes sobre el alcance del decreto y su coherencia con el marco normativo aprobado.
De acuerdo con el borrador conocido, el traslado de recursos correspondería a los afiliados que, bajo el nuevo esquema, pasarían al componente público del sistema. Sin embargo, la discusión se centra en quién debe custodiar y administrar esos fondos durante la transición.
El Ministerio del Trabajo abrió el documento para comentarios, como parte del proceso previo a la expedición definitiva del decreto. En este periodo, distintos actores del sistema podrán presentar observaciones técnicas y jurídicas.
La controversia se suma a los debates que ha generado la reforma pensional, particularmente en lo relacionado con la sostenibilidad fiscal, la seguridad jurídica y la protección del ahorro de los afiliados.