Lo que por décadas fue una promesa incumplida para Santa Marta hoy comienza a perfilarse como uno de los proyectos de infraestructura hídrica más ambiciosos de América del Sur: la construcción de la segunda planta desalinizadora más grande del continente. La iniciativa, presentada como la solución definitiva al histórico desabastecimiento de agua potable en la ciudad, avanza con el respaldo del Gobierno Nacional. Sin embargo, también ha abierto un frente de fuertes cuestionamientos hacia la administración distrital del alcalde Carlos Pinedo.
El proyecto fue ratificado esta semana en un encuentro interinstitucional realizado en la Cámara de Comercio del Magdalena, donde se confirmó que la obra superó los obstáculos técnicos, prediales y financieros que durante años frenaron propuestas similares. La planta, que se construirá en el sector de Pozos Colorados, entraría en fase de obras a partir de junio, una vez se adjudique la licitación.
Según la viceministra de Aguas, Ruth Quevedo, el cronograma se cumple y la iniciativa ya no está en etapa de anuncios. “Estamos ante la obra de desalinización más importante del país y una de las de mayor capacidad en América Latina. No es una promesa, es un proyecto en ejecución”, afirmó.
No obstante, el avance del proyecto ha reactivado interrogantes de fondo sobre el papel real de la administración distrital. ¿Por qué una obra considerada estratégica durante décadas solo logra destrabarse ahora con el liderazgo directo del Gobierno Nacional? ¿Cuál ha sido la gestión efectiva del Distrito en la planeación, estructuración y garantía de transparencia del proceso licitatorio?
A esto se suma la preocupación por la sostenibilidad financiera y social del proyecto. Aunque se anunció que la planta funcionará con energía limpia gracias a un parque solar de 24 hectáreas en Bureche, persisten dudas sobre el impacto real en las tarifas del servicio y sobre cómo se garantizará que el beneficio llegue a los barrios que históricamente han padecido la escasez de agua.
La secretaria de Planeación Distrital, Patricia Caicedo Lafaurie, aseguró que el predio destinado al parque solar ya cuenta con viabilidad técnica y está en revisión por parte del operador de red. Sin embargo, expertos y líderes sociales cuestionan la falta de socialización amplia del proyecto y exigen claridad sobre los costos finales, los tiempos reales de ejecución y los mecanismos de control ciudadano.
Mientras Santa Marta se proyecta hacia un nuevo modelo de abastecimiento hídrico basado en tecnología y sostenibilidad, crece la expectativa —y la presión— sobre la administración de Carlos Pinedo. La ciudad celebra el avance de una obra largamente esperada, pero también reclama respuestas claras: ¿será esta desalinizadora el inicio de una transformación estructural o un nuevo megaproyecto marcado por retrasos, sobrecostos y promesas a medio cumplir?