Un grupo de ciudadanos y organizaciones presentaron una acción ante el Consejo de Estado para pedir la suspensión inmediata del decreto presidencial que crea zonas de ubicación para miembros del Clan del Golfo, señalando que la medida carece de base legal sólida.
Los demandantes argumentan que sin una ley de sometimiento a la justicia aprobada, el Ejecutivo no está facultado para designar territorios donde se otorgue trato especial a estructuras armadas ilegales, medida que consideran contraria a la Constitución y al orden público.
Según la demanda, el decreto podría generar impunidad territorial y afectar la seguridad de las comunidades cercanas a estas zonas, además de violar principios de igualdad ante la ley, al brindar beneficios a grupos criminales sin un marco legal que lo respalde.
El Consejo de Estado deberá ahora evaluar la procedencia de la suspensión, en un caso que plantea cuestionamientos sobre la estrategia de “paz total” y la legitimidad de los espacios de sometimiento diseñados por el Gobierno para grupos al margen de la ley.
La decisión del alto tribunal será observada de cerca, pues podría modificar la implementación de políticas de negociación y desmovilización de bandas criminales en Colombia.