Se interpuso una acción de tutela solicitando la suspensión provisional del decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que estableció un aumento del 23,78 % en el salario mínimo para 2026.
El recurso legal argumenta que la medida debe ser detenida mientras se resuelve el fondo del asunto, con el objetivo de evitar posibles efectos inmediatos sobre empleadores y trabajadores hasta que la justicia decida.
El exmagistrado Alejandro Linares es el apoderado encargado de representar esta tutela ante las autoridades competentes.
El recurso alega que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso y el principio de concertación tripartita, ya que la decisión no habría sido debatida adecuadamente con los actores involucrados. Además, sostiene que el incremento afectará de manera inmediata a micro, pequeñas y medianas empresas, que podrían verse obligadas a reducir empleos o jornadas, y a los trabajadores informales, quienes enfrentarían presión por mayores precios y menor acceso a empleo formal.
La tutela también advierte sobre posibles efectos fiscales negativos: un incremento del déficit fiscal estimado en 5,3 billones en 2026, según el documento, y el riesgo de menor recaudación tributaria por renta. El accionante, un comerciante de 61 años con un pequeño negocio, enfatiza que este tipo de unidades productivas no pueden absorber incrementos abruptos en costos operativos.
El juez que revise la tutela deberá decidir si concede la medida provisional, que impediría la aplicación del aumento mientras se determina la validez de los decretos, buscando evitar perjuicios que, de consolidarse, serían difíciles de revertir en términos de empleo, costos y precios.