Salario mínimo por decreto reaviva debate económico en Colombia

El anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo para 2026 mediante decreto volvió a encender el debate económico y laboral en el país. La decisión será explicada este lunes 29 de diciembre, a las 7:00 de la noche, durante una alocución presidencial en la que el mandatario revelará el monto del llamado “salario vital” que regirá a partir del próximo año.

Según explicó el jefe de Estado, el ajuste se definirá con base en la canasta mínima vital, con el propósito de garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias. El Gobierno sostiene que este enfoque se apoya en la Constitución Política, la legislación laboral vigente y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El concepto de salario mínimo vital, desarrollado por la OIT, va más allá del cumplimiento de un piso legal. Busca establecer un ingreso que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte, bajo la premisa de que el salario cumple una función social y debe proteger a los trabajadores de remuneraciones insuficientes para su subsistencia.

Desde esta óptica, el salario no solo debe ser legal, sino suficiente para vivir con dignidad. Para la OIT, cuando la remuneración no alcanza a cubrir estos costos esenciales, su función protectora se debilita de manera considerable.

Sin embargo, el anuncio presidencial ha generado reparos entre sectores académicos y económicos. Carlos Ramírez, economista y profesor universitario, advirtió que fijar un salario mínimo vital sin criterios técnicos claros podría tener efectos adversos sobre el empleo y el crecimiento económico.

Ramírez señaló que establecer un salario mínimo en rangos cercanos a 1,8, 1,9 o incluso 2 millones de pesos tendría un impacto directo en la estructura productiva del país. Recordó que Colombia no es una economía dominada por grandes empresas, sino por micro, pequeñas y medianas compañías, responsables de cerca del 80 % del empleo formal.

El economista también alertó sobre la alta informalidad laboral, que actualmente ronda el 40 %. Esto significa que cuatro de cada diez trabajadores ya están por fuera del sistema formal. En ese escenario, un aumento elevado del salario mínimo, sin gradualidad ni medidas complementarias, podría llevar a los empleadores a reducir puestos de trabajo.

“Cuando los costos laborales aumentan de manera desproporcionada, el empleador reduce el empleo. Al reducir el empleo, crece la informalidad y, con ella, se frena el crecimiento económico”, explicó Ramírez, quien agregó que este efecto en cadena puede afectar la producción, la inversión y generar presiones adicionales sobre las tasas de interés.

En la misma línea, el economista Jorge Restrepo advirtió que el concepto de mínimo vital se entiende como un ingreso por hogar, que puede contar con varios aportantes, y que hasta ahora no tiene una metodología de cálculo claramente definida. En contraste, el salario mínimo legal regula el ingreso de un solo trabajador dentro de un contrato laboral, lo que plantea diferencias sustanciales entre ambos enfoques.

Pese a las críticas, el Gobierno insiste en que el salario vital familiar responde a principios constitucionales y a compromisos internacionales asumidos por el país, y que su objetivo es reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

En las próximas horas se conocerá el anuncio oficial del salario mínimo para 2026, una decisión que podría marcar un giro en la política salarial del país. Por ley, el Gobierno Nacional tiene plazo hasta el 30 de diciembre para definir el aumento que regirá durante el próximo año.

Expertos advierten riesgos de fijar el salario mínimo con base en el “mínimo vital”

La posibilidad de decretar el salario mínimo con base en el llamado “mínimo vital”, como lo anunció el presidente de la República, ha generado reparos entre analistas económicos y expertos en derecho laboral, quienes advierten que esta decisión podría ser un error conceptual y técnico con impactos negativos en el mercado laboral.

El salario mínimo es un precio regulado de la economía que incide directamente en millones de contratos laborales, así como en tasas, multas, aportes y otros componentes del sistema económico. En contraste, el “mínimo vital” no es un salario ni un ingreso individual, sino un concepto asociado al ingreso total de un hogar, el cual puede provenir de varios perceptores y para el que no existe una metodología clara y definida de cálculo.

De acuerdo con los expertos, el salario mínimo se establece como la base de remuneración de un solo trabajador, pero el ingreso real de una persona con contrato formal es superior a esa cifra. Además del salario básico, el trabajador recibe el auxilio de transporte y otros ingresos indirectos como la prima de servicios, las cesantías y los intereses a las cesantías.

Para 2025, un trabajador que devenga un salario mínimo legal, sumando estos conceptos, percibe en promedio un ingreso mensual de $1.910.319. Esta cifra supera ampliamente el salario mínimo nominal y pone en evidencia que el ingreso efectivo del trabajador formal es mayor al valor base decretado.

A esto se suma que, en la mayoría de los hogares colombianos, existe más de un perceptor de ingresos. Según datos oficiales, el tamaño promedio de los hogares en Colombia es de 2,86 personas, y en muchos casos dos o más miembros aportan al ingreso familiar. Bajo este escenario, el ingreso mínimo vital del hogar resulta inferior al nivel que ya representa el salario mínimo más el auxilio de transporte, incluso sin tener en cuenta las prestaciones sociales.

En este contexto, especialistas advierten que fijar un “ingreso objetivo” de manera arbitraria puede resultar contraproducente para los mismos trabajadores. Aunque existe consenso en que el salario mínimo no debe disminuir, desligarlo de los criterios legales vigentes —como productividad, inflación y capacidad de pago de los empleadores— podría generar efectos adversos como informalidad y pérdida de empleo.

La preocupación se intensificó tras la circulación, durante el fin de semana, de un borrador de decreto atribuido al Ministerio del Trabajo, el cual plantea un incremento del salario mínimo del 23 %. De acuerdo con los cálculos preliminares, un salario mínimo con ese aumento, con o sin prestaciones, estaría muy por encima del ingreso mínimo vital que, según las mediciones oficiales, permite superar la línea de pobreza para un hogar promedio de cuatro personas.

Incluso al considerar el tamaño promedio de los hogares en el país, el ingreso resultante de un salario mínimo con ese incremento superaría ampliamente el umbral del mínimo vital, lo que refuerza las dudas sobre la viabilidad económica de la medida.

El debate de fondo, señalan los analistas, no es si los trabajadores deben ganar más, sino si es posible decretar administrativamente el ingreso de las personas. El salario mínimo, recuerdan, es un precio administrado dentro de la economía y no una herramienta con la que el Estado pueda definir directamente el ingreso de las familias. La pregunta clave, concluyen, es cuántos empleadores estarían en capacidad real de asumir un aumento de esa magnitud sin afectar el empleo formal.